Una victoria anunciada y los caminos de la oposición organizada

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Alejandro De Coss

 

Era la crónica de una victoria anunciada. Cuidadosamente la televisión fue construyendo a un candidato impecable. Enrique Peña Nieto, protegido de Arturo Montiel y de destacada estirpe priista, escaló con velocidad inusitada en el gobierno estatal. En 2005 fue elegido gobernador del Estado de México. Haciendo uso de recursos públicos, como Jenaro Villamil y The Guardian han mostrado, se posicionó como un referente político en la escena nacional. La muerte de su primera esposa, Mónica Pretellini, en 2007, abrió paso para que la alianza con Televisa se concretara. Como si estuviéramos en el medioevo europeo, una princesa le fue dada en dote: Angélica Rivera. Las revistas de «sociales» se cubrieron con su cara. Era un presidente en proceso de creación.

Al mismo tiempo, el Estado de México continuaba con la inercia que le ha caracterizado durante toda su historia: el incremento de la desigualdad. Peña Nieto, preocupado por la silla y la fama, no ofreció soluciones. La disparidad en la calidad de vida, los ingresos y la educación jamás fue abatida. Tal vez el entonces gobernador comprendía ya desde ese momento que ahí radicaba su fuerza, en la pobreza, la marginación y la ignorancia, fácilmente manipulables. Al mismo tiempo, Peña mostró su talante autoritario, para orgullo de su partido y sus próceres. En 2006, más de dos centenas de personas fueron brutalmente golpeadas, 29 mujeres fueron violadas y dos jóvenes asesinados. El lugar, Atenco. El conflicto, el derecho de un pueblo a la tierra y a la vida digna. Con la gracia de Díaz Ordaz y Echeverría, Peña alcanzó a justificar su acción el 11 de mayo de 2012, en la Universidad Iberoamericana, aludiendo a la razón de estado y al uso legítimo de la violencia. Jamás reparó en la ilegitimidad de sus acciones, y ese momento marcó un punto de inflexión en la campaña en su oposición.

Con una creciente animadversión hacia su figura, Peña permaneció impasible. Sus más cercanos acusaron al movimiento #YoSoy132 de ser infiltrados de la izquierda, de ser intolerantes, de ser porros, de ser minoritarios (como si esto último, la condición de minoría, fuera malo). Intentaron dividirlos, y fallaron. Al final, se negaron a asistir al debate que organizó el movimiento. Ante los otros tres candidatos, una silla vacía permaneció. Al mismo tiempo, las encuestas no cambiaban. La ventaja de Peña se defendía a ultranza: Ciro Gómez Leyva dedicó cientos de columnas-spot a dejarlo claro: Peña ganará. Esas encuestas no hacían caso de las certezas en la manipulación mediática, de las acusaciones por fraude en Estados Unidos, de los vínculos de personajes cercanos al candidato, como Tomás Yarrington, con el narco. Esas encuestas, al final, no tuvieron relación con los resultados, y sus promotores hubieron de disculparse. Al mismo tiempo, a lo largo y ancho del país se documentaba la entrega de despensas y dádivas a cambio de votos (y ello, en todos los partidos, aunque en ninguno tan dispendiosa y descaradamente como en el PRI). Las instituciones electorales, como el candidato, permanecieron impasibles: ¿qué tanto fraude es suficiente para ser considerado como tal?

Al día de la elección se llegó con un clima de esperanza e indignación entre la oposición a Peña. Existía la idea de que podía ser derrotado, aunque toda la campaña hubiera mostrado lo contrario. Se esperaba que ante las acusaciones siempre crecientes de ilegalidades cometidas por el priismo en todos sus niveles, la ciudadanía respondiera de forma crítica y la autoridad de forma competente. La elección transcurrió en relativa calma. No deben ser soslayados (como lo hace el Instituto Federal Electoral, IFE), los asesinatos de representantes de partidos, de candidatos, funcionarios públicos y ciudadanos. Tampoco deben ser negados los robos de urnas, el «embarazo» de las mismas, la coacción y coerción a favor del candidato del PRI, tan ampliamente documentadas, o la imposibilidad que miles de ciudadanos tuvieron de sufragar, al no haber boletas suficientes. Al contrario, es necesario hacer notar que, tal y como lo hicieron en tiempos de campaña, las autoridades electorales demostraron ser ineficientes e inoperantes. La ciudadanía respondió, no así las instituciones.

Sin embargo, sería insuficiente e incorrecto achacar la victoria priista a un IFE corrupto, o incompetente. Es verdad que el Instituto es insuficiente y debe ser reconstruido. Es necesario dotarle de más herramientas para fiscalizar a los partidos y monitorear sus acciones, de forma tal que se mantengan en el curso de lo legal y lo legítimo. Siendo así, creo que el discurso del fraude no explica lo que sucedió. Afirmando claramente que la compra de votos, la sustracción de urnas, la manipulación mediática y la intimidación de electores, entre muchas otras cosas, son acciones fraudulentas (aunque tal vez no en el sentido «legal» del término), quisiera ofrecer una explicación complementaria para lo que sucedió en México el 1 de julio.

Cuando el PRI fue derrotado en el 2000, se asumió que su estructura se había desbaratado. Sin lugar a dudas sufrió un golpe fuerte, pero no significó de manera alguna su fin, o siquiera un momento de reinvención. En el 2006, quedó relegado a tercera fuerza nacional. Ello no quiere decir que haya perdido gobiernos municipales o estatales. Ahí, la maquinaria corporativista se mantuvo casi intacta. En 2012, actuó al máximo de sus capacidades. Reportes múltiples existen, algunos de ellos grabados, sobre la acción de los mapaches priistas. También se conoce la entrega de monederos prepagados para las tiendas Soriana, cuyos fondos no han sido explicados, y se ligan con la demanda por 56 millones de dólares en Estados Unidos que ya mencioné. Este tipo de acciones, a los cuales podemos sumar la entrega de víveres y bienes de consumo, están diseñadas para generar una sensación de lealtad en el votante. En los sectores más empobrecidos del país, las dádivas que en las clases medias y altas parecen ridículas, representan una verdadera forma de sobrellevar las dificultades económicas siempre crecientes. Esta compra de lealtades no es exclusiva al PRI, pero no es posible negar que su estructura y experiencia sobrepasen al resto.

A este elemento de lealtad hay que sumarle el temor tácito a la muerte que subsiste en México. Como ya he explorado en otros artículos en este espacio, es visto con nostalgia el tiempo en el cual el PRI pactaba con el narcotráfico, creando una paz superficial, que terminó por horadar las estructuras socioeconómicas del Estado en amplias regiones del país. En la psique colectiva existe la creencia de que la vuelta del PRI es la vuelta de esa estabilidad. La realidad es que la complejidad de la situación actual impide por completo esta solución. Continuaremos, con toda certeza, viviendo un escenario de violencia. Ello redituará en decepción para cientos de votantes priistas, que no obtendrán el resultado deseado.

A ello es necesario sumarle el desgaste al cual la izquierda mexicana, siempre dividida, se vio expuesta. La decisión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con un apoyo popular innegable, de mantenerse en plantón en Reforma, fue un estigma que no logró quitarse del todo hacia 2012. La causa de esto no es el acto en sí, que tiene una lógica de manifestación y de protesta, sino la cobertura mediática que se le dio. Entendiendo que en un plantón de este tipo forzosamente se generarán inconformes, es imposible entender la dimensión del encono hacia la figura de López Obrador sin la presión mediática. A veces, pareciera que el plantón fue en el centro de cualquier otra ciudad, excepto el Distrito Federal. A pesar de lo positivo de la campaña de la izquierda, este elemento negativo no fue superado por completo, teniendo como resultado una votación dividida, dados los fantasmas mediáticos de la supuesta radicalidad de un López Obrador más moderado que nunca.

A tres días de las elecciones el panorama es claro en su turbulencia. No es previsible que el proceso de transición sea pacífico. Se ajusten o no a la ley, las percepciones sociales de fraude están ampliamente difundidas en muchos sectores de la ciudadanía mexicana. El IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen como obligación otorgar certeza, a través de reconteos y revisiones, a la población inconforme. Lamentablemente, han mostrado poca voluntad de hacerlo, y muchos ánimos de autocomplacencia. Si no logran subsanar este déficit democrático, el gobierno de Peña carecerá de legitimidad, probablemente de una forma mucho más aguda que la saliente administración de Calderón (que de nuevo ha mostrado su incapacidad para conducirse como un estadista, haciéndolo más como un actor político movido por el enfrentamiento con AMLO).

Las izquierdas partidistas han decidido tomar el camino de la ley. A diferencia de lo ocurrido en 2012, se han dedicado, a través de AMLO, a señalar que las irregularidades y acciones delictivas que se dieron en el marco de las campañas y las elecciones son suficientes para impugnar la elección. En espera de que el conteo de actas termine, es previsible que la acusación siga su curso. Entendiendo que la compra de votos, la manipulación mediática, la violencia ejecutada y la completa incertidumbre sobre la legalidad y legitimidad de la elección, es importante sumarse a este llamado. Para desgracia de la incipiente democracia en el país, el PAN ha renunciado a esta posibilidad. Como olvidándose de las denuncias por irregularidades que ellos hicieron, han aceptado la derrota antes de tiempo, sin dar seguimiento a sus propias quejas.

Queda en la ciudadanía organizada y en la izquierda partidista seguir ejerciendo presión en este tema. Ello buscará ser explotado por el priismo y sus afines, diciendo que la sociedad civil está cooptada por el PRD. Esta falsa apreciación busca ocultar un hecho tangible: las irregularidades fueron vistas por muchos, y no es necesario ser militante para expresar un rechazo a las mismas. La confluencia de intereses entre el perredismo y movimientos como el #YoSoy132 se deben, en este momento, a la necesidad que tiene México de contar con un gobierno legítimo, resultado de un proceso legal. El costo de no hacerlo puede ser muy alto, y el talante autoritario de Peña de lugar a la preocupación. Restará, para quienes hemos decidido que estos resultados no nos satisfacen, permanecer alertas, incrementar la organización, actuar con inteligencia y pensar con claridad. El camino al fin de la elección aún es largo, a pesar de los llamados a imponer de nuevo la lógica del «haiga sido como haiga sido».

Al final, nos queda la certeza de que esta reciente articulación de movimientos sociales y la politización de muchos sectores de la población que habían permanecido apáticos son positivas. Importante será no perder de vista que lo político va más allá de lo partidista, y más allá de las elecciones. Si la labor es construir democracias participativas, entonces este escenario de crítica y oposición puede ser fecundo. Será importante que los movimientos ya establecidos y los que surjan sepan encontrar en la estructura del régimen sociopolítico mexicano las razones de los resultados de la elección de 2012. Sólo partiendo de un entendimiento complejo de la realidad, acciones verdaderamente revolucionarias pueden ser planteadas. No debe tolerarse ninguna imposición, como tampoco debe hacerlo ninguna excesiva simplificación. Es momento de ir más allá de los límites de lo que nos es impuesto como posible, y recuperar la organización política para la ciudadanía organizada y que construye comunidad.

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Alejandro De Coss es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Apasionado de la filosofía, tiene un diplomado para comprobar su devoción. Actualmente explora los laberintos de la burocracia desde la Secretaría de Energía, aunque (no tan) secretamente sueñe con futuros ensayísticos y literarios.

Revista cultural

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