Política exterior y debate presidencial. Apuntes críticos

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Alejandro De Coss

 

 

El debate del pasado 10 de junio deja muchos cuestionamientos en el aire y pocas certezas sobre la mesa. A partir de lo dicho por los cuatro candidatos, es posible delinear distintos programas y concepciones de lo que es México y hacia dónde debe marchar. Sin embargo, éstos distan de ser concretos y ofrecer pautas claras para hacer una prospectiva suficiente de lo que sus políticas públicas podrían significar. Ello es especialmente claro en el tema de política exterior. Partiendo de un diagnóstico insuficiente, los cuatro candidatos fallaron en no cubrir no sólo los subtemas que el moderador, Javier Solórzano, les propuso, sino las grandes interrogantes y los enormes espacios de oportunidad desaprovechados por México en el sistema global.

Es un lugar común decir que México ha perdido su liderazgo en el sistema internacional de relaciones estatales. Mucho se le achaca a la inexperiencia del panismo que hoy gobierna nuestro país. Haciendo uso de la fórmula de la nostalgia, se recuerda el pasado «glorioso» que caracterizó a la larguísima administración priista, a la dictadura perfecta. Sin embargo, las cosas no son tan simples. No basta rememorar un mítico pasado de grandeza para entender la auténtica debacle de la política exterior mexicana. Hace falta considerar que no sólo nuestro país ha cambiado, sino que todo el mundo lo ha hecho.

El discurso de los no-alineados, que por tanto tiempo enarboló el priismo, hoy ha caducado. La división que le daba sentido, entre socialismo y capitalismo, pereció. En su lugar se alzó un mundo que por largas décadas fue unipolar. De esa experiencia se desprenden las invasiones estadounidenses en Irak y Afganistán, la intervención de la OTAN en Kosovo y Libia o los muchos golpes desestabilizadores apoyados por Occidente, bajo el eufemístico nombre de «Revoluciones», en países como Ucrania, Kirguistán y Georgia. La bandera de la democracia liberal se hizo única, al lado de la del neoliberalismo, y así buscó imponerse, por métodos democráticos y violentos, a nivel global.

En México no fue la excepción. Desde mediados de la década de los 80, con la entrada de nuestro país al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), las políticas diseñadas en los centros globales de políticas públicas, e implantadas localmente a través de las instituciones financieras globales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), fueron debilitando los márgenes de acción del Estado mexicano. La política cedió paso a la economía como directriz primera (y única) del sistema global. Si antes en los foros internacionales se elevaban airadas protestas contra el imperialismo, ahora se aceptaban tácitamente sus dictados, disfrazados de políticas democráticas. Ahí fue cuando México perdió su liderazgo, cuando éste, despojado de sus elementos de economía política, se transformó en la necesidad imperante y totalizadora de mantener estabilidad macroeconómica por encima de todas las cosas. Como un credo de fe, se sustituyó el discurso del desarrollo por el del control inflacionario, y así se condujo la política exterior. A la par, a nivel global, dichas políticas se expandían, con la intención ideológica y política de transitar de la hegemonía a la totalidad.

Estas políticas globales fungieron como motores de expansión aparentemente ilimitada de los capitales financieros y, al mismo tiempo, como potenciadores de la desigualdad socioeconómica. Poco a poco, resistencias a ellas fueron surgiendo. Sobre los antecedentes de movimientos como el zapatista en México y de la herencia de los partidos comunistas y socialistas, movimientos populares de oposición al proyecto neoliberal llegaron al poder estatal, bajo la vía democrática liberal y pacífica. En América Latina son de destacar, entre otros, los casos de Luiz Inácio Lula da Silva, que llegó al poder en Brasil tras varios intentos en el 2003; Evo Morales, que lo hizo en Bolivia en el 2006 o José Mújica, ex-tupamaro, que llegó al poder en Uruguay en 2010. En los tres existen amplias coincidencias en un aspecto central: la repolitización de la esfera económica, fundamentada en la idea de regular e intervenir en el mercado, sin recurrir a la estatización de los medios de producción, salvo en casos específicos.

En lo político, estos países latinoamericanos han generado un bloque, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Parten de la noción de que los intereses del naciente bloque son distintos a los de los Estados Unidos, dominantes en la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde su fundación. Además de ello, consideran que existen lazos históricos, culturales y sociológicos que les unen y les dan una incipiente identidad común. Sobre esas certezas en construcción se fundamenta la posibilidad de una integración regional que supere lo económico, y reposicione la acción política concertada como forma de incidir en las dinámicas de la regionalización y la globalización.

México siguió un camino distinto. Después del ingreso al GATT, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Siguiendo los pasos de la teorización que sobre la Unión Europea se generó, se creyó que el paso para la integración política pasaba primero por la economía. Para México, ello probó ser desastroso. El campo mexicano, largamente abandonado, fue condenado a la improductividad y la imposibilidad de competir. Reformado jurídicamente, se convirtió en tierra devaluada para su venta al mejor postor, olvidando los pactos sociales emergidos de la particular historia y estructura rural mexicana. Las manufacturas mexicanas, única fuente de competitividad, se encadenaron a la producción norteamericana en un escalón forzosamente inferior, al no ofrecer una rentabilidad atractiva en función de su bajo desarrollo tecnológico. Así, ante un campo devastado, una migración creciente, una industria de segunda clase, una constante fuga de cerebros, el empoderamiento de grupos del crimen organizado, armados por Estados Unidos, México quedó subordinado al vecino del norte. Todo dejo de independencia política desapareció bajo la dominación económica. Ahí se fundamenta el fin de la política exterior crítica que alguna vez ejerció el Estado mexicano.

En el 2012, México se enfrenta a un mundo en donde China surge como potencia económica global. Estados Unidos pierde no únicamente su poderío económico, sino su primacía moral para actuar como policía global. Europa colapsa bajo las crisis endémicas del capitalismo, hoy exacerbadas por su alto componente financiero. América Latina, con errores y divergencias, busca unirse políticamente. Asia-Pacífico, en muchas ocasiones bajo gobiernos autoritarios, se convierte en paradójico ejemplo de crecimiento para los paladines de la democracia en Occidente. África continúa olvidada, hecha irrelevante para el resto del sistema, salvo cuando se trata de explotar impunemente sus riquezas naturales. El mundo cambia de una unipolaridad marcada por el dominio estadounidense a una multipolaridad compleja. Ya no son los Estados los más grandes referentes del poder global. A su lado se elevan el FMI y el BM, o el Banco Central Europeo, como centros de decisión y política a niveles mundiales y regionales. El poder sigue concentrado en manos de los financieros, y algunos pocos países se atreven, a menudo empujados por profundas crisis, a discutir esto.

México, ante a este complejo escenario, se enfrenta a una encrucijada. Ello no fue sino someramente planteado en el debate presidencial. Gabriel Quadri, por ejemplo, mencionó la intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China. Fatal error con un país improductivo, que sería condenado al consumo de productos de menor precio en detrimento del desarrollo local. Josefina Vázquez Mota pretendió mostrar como un gran logro de la administración de Calderón la organización de la Cumbre del G20 (el tipo de eventos que llevaron a Quadri, acertadamente, a llamar a nuestro país «Salón de Fiestas México»), cuando no es sino un foro informal e ineficiente, que en la coyuntura electoral sirve más como oropel que como política pública. Lo mismo sucedió con la COP-16, carente de resultados, y básicamente con todo foro organizado por México en las últimas décadas.

El tema de los migrantes mereció más atención. Josefina Vázquez Mota afirmó que crearía la Subsecretaría del Migrante en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con ello queda claro que desconoce la estructura, por regiones y sectores, de la Cancillería, y que no comprende que el problema de la migración mexicana en Estados Unidos se resuelve en su Congreso, y el de los migrantes en México, en el Instituto Nacional de Migración. Andrés Manuel López Obrador sí destacó la necesidad de presionar a Estados Unidos sobre un acuerdo migratorio, pero no ahondó en sus características y contenidos.

En la relación con Estados Unidos, Enrique Peña Nieto habló sobre la necesidad de llevar al TLCAN a sus últimas consecuencias. Esta propuesta, que no considera la intrínseca desigualdad del acuerdo, sólo llevaría a la pérdida total de la capacidad mexicana de decisión sobre sus políticas exteriores, y presumiblemente a una necesidad imperiosa de pactar las interiores con los Estados Unidos. Vázquez Mota, siguiendo los pasos de Calderón, habló sobre la apremiante necesidad de limitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México, componente esencial de la violencia que vive nuestro país. López Obrador dejó ver que buscaría cancelar la Iniciativa Mérida, refiriéndose a que la cooperación con Estados Unidos, además de ser la principal, debe fundamentarse en la cooperación para el desarrollo, y no en la militar. Ambas propuestas, convergiendo, serían altamente provechosas para el país.

América Latina parece no existir, y ello es preocupante. Que no lo mencionen los candidatos del PRI, PAN y Nueva Alianza es inclusive lógico, pero el silencio de López Obrador debe ser criticado. En un momento histórico en el cual América Latina se une políticamente para buscar un modelo de desarrollo incluyente, plural y alternativo, sería previsible que la izquierda mexicana se acercara a esta región, con la que además compartimos historia, cultura, lenguaje y, sobre todo, intereses. La omisión no refleja sino ignorancia, y ella, en este tema, puede ser sumamente perjudicial para el país.

Ante la pregunta expresa de Quadri, sobre el tema del tratado de libre comercio con China, Peña Nieto aceptó, Josefina calló, y Andrés Manuel discrepó. En una premisa que parecería de sentido común, pero parece no serlo, puntualmente señaló que debe desarrollarse el mercado interno, recuperarse la productividad y alcanzarse la competitividad a nivel global, para luego entonces comerciar en igualdad de oportunidades. En la propuesta de López Obrador ello se alcanzará con la participación público-privada en la promoción de nuevas empresas, con capital semilla estatal y posterior intervención empresarial. Sin ahondar en las áreas específicas de desarrollo, quedaremos sólo deseando que éstas sean las que hoy representan mayor beneficio económico y social para los pueblos: las dirigidas a la ciencia y la tecnología. Ellas, no exentas de críticas, deberán en su momento ser discutidas.

Al final, queda la impresión de que la política exterior no es prioritaria para los candidatos presidenciales. Comprendiendo bien la afirmación López Obrador, secundada por los aspirantes del PRI y el PAN, es necesario que la política interior sea el fundamento de la política exterior. Sin embargo, en un mundo regido por los capitales financieros, sus gerentes y promotores en el FMI y el BM, con el carácter transnacional del problema de narcotráfico, que implica no sólo armas estadounidenses, sino flujos de capital y consumo globales, con el progresivo alejamiento político de México ante los proyectos latinoamericanos, esto resulta insuficiente.

Es el momento para que México se apoye en los países latinoamericanos en la búsqueda de un futuro común. Es necesario despojarse de la idea nostálgica del liderazgo perdido. Si México desea ingresar a este bloque, condición por demás conveniente, es imperativo que entienda que lo hará en igualdad de circunstancias; lejos están los días del Tratado de Tlatelolco. Además, es necesario comprender que será la cooperación Sur-Sur, bajo la idea de un desarrollo verdaderamente sustentable (que no se dedique a sostener los grados de producción y consumo actuales, sino a moderarlos y llevarlos a una situación de equilibrio medioambiental), la que lleve los capitales, la capacitación y la mano de obra necesaria para recuperar la productividad del campo nacional.

La relación con Estados Unidos no puede ser descuidada. Coincido plenamente cuando López Obrador afirma que ésta debe fundarse en la cooperación para el desarrollo, y no en la militar. Concuerdo también con él en el hecho de que un acuerdo migratorio que defienda los intereses de los mexicanos en Estados Unidos debe ser negociado. Como parte de este proceso México debe, como afirmó Quadri, ofrecer un trato justo a los migrantes centroamericanos, hoy víctimas del narcotráfico, de la trata y del gobierno. Sin ello, el reclamo mexicano carecerá de fortaleza moral.

Finalmente, es imperativo recuperar la productividad y competitividad de la economía mexicana, sobrepasando la fijación monotemática de la estabilidad macroeconómica –sin dejarla por ello de lado–. No se logrará ello a través del turismo, como Vázquez Mota mencionó. Una propuesta coherente, que requiere de mayor explicación, fue la de López Obrador: el gobierno como capitalista de riesgo en proyectos de desarrollo empresarial. Faltará ver si esta noción está ligada con la Secretaría de Ciencia y Tecnología del mismo candidato, que pretende hacer de la biotecnología un estandarte de desarrollo en México. Ello, en un contexto en el cual la rentabilidad y competitividad proviene de estas fuentes, es sumamente conveniente. Sin embargo, ello requiere no sólo de capital, sino de un marco legal adecuado, certeza en materia de seguridad pública y alta disponibilidad de mano de obra calificada. Sin ello, la idea de fortalecer la política y economía externas para así incidir en el sistema global, no será sino una falsa promesa de campaña, y de ésas, hemos tenido suficientes.

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Alejandro De Coss es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Apasionado de la filosofía, tiene un diplomado para comprobar su devoción. Actualmente explora los laberintos de la burocracia desde la Secretaría de Energía, aunque (no tan) secretamente sueñe con futuros ensayísticos y literarios.

Revista cultural

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