Paradojas de la guerra contra el narcotráfico en México

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Alejandro de Coss

La guerra contra el narcotráfico emprendida por la administración de Felipe Calderón responde a los dictados de la política interior y exterior estadounidense. En 2006, cuando el saliente presidente mexicano asumió el mando del país, en medio de un generalizado descontento social y legítimos cuestionamientos sobre la legalidad de las elecciones en las que fue dado como ganador, asumir el combate abierto frente a los cárteles del narcotráfico (o al menos contra algunos) fue la fórmula para granjearse el apoyo de los Estados Unidos, determinante para cualquier aspiración política en México. Además de ello, la creación de un enemigo total para México, en la forma del narcotráfico, fue la estrategia elegida para legitimar un gobierno que de otra forma no habría podido sostenerse.

La retórica militarista que ha marcado al sexenio de Felipe Calderón es entonces el resultado de una elección marcada no por el teórico (y casi mítico) interés nacional, sino por el interés imperial (ése sí bien claro) de mantener la lucha contra el narcotráfico fuera de sus fronteras, trasladando así la responsabilidad del proceso a Estados subordinados. Como componente integral de dicha estrategia, está la de ocultar la abierta hostilidad ante la resistencia a las políticas imperiales. Caso concreto de ello es la ofensiva que el gobierno federal ha emprendido contra las comunidades originarias en diversos lugares del país, como la Montaña de Guerrero, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, y con el verdadero objetivo de obtener el control de los recursos naturales que ahí existen, eliminando además la resistencia organizada frente al crimen organizado, el Estado-nación y las empresas trasnacionales (como muestra este reportaje de Al-Jazeera).

Al mismo tiempo que se oculta bajo la retórica de la guerra contra el narcotráfico la opresión de comunidades en resistencia, se vela el hecho de la intervención abierta de los Estados Unidos en la política interna de México. No únicamente a través de la Iniciativa Mérida, que ha destinado más de 1,600 millones de dólares al fortalecimiento del aparato militar y policiaco en México (según datos de la embajada de Estados Unidos en el país), es que esta intervención ocurre. Operaciones como «Rápido y Furioso», que introdujo miles de armas –que después perdió– al país, so pretexto de rastrearlas hasta las cabecillas de los cárteles, u otra igualmente «fallida» que consistió en operaciones de lavado de dinero de los cárteles por parte de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) muestran el grado de involucramiento estadounidense en el problema del tráfico de drogas en México. Ambos casos muestran más una disposición de Estados Unidos en mantener el proceso andando, sin interés alguno por menguar la violencia que ha cobrado ya más de 50,000 vidas en México, una cifra sin precedentes a nivel global.

Detrás de estas intervenciones, de las que existe algún conocimiento, se ocultan otras tantas que son en ocasiones reveladas por errores de cálculo en la estrategia de los diversos actores que participan del negocio del tráfico de drogas y la guerra que ha engendrado. En este contexto es en el que debemos ubicar el ataque por parte de 12 policías federales (algunos vestidos de civil) a dos empleados –presumiblemente– de la Agencia Central de Investigaciones (CIA, por sus siglas en inglés) y un marino mexicano el pasado 24 de agosto. Varias conclusiones preliminares pueden obtenerse del hecho. En primer lugar, que los Estados Unidos operan abiertamente en México, realizando, cuando menos, operaciones de inteligencia con el conocimiento y apoyo de las fuerzas armadas mexicanas. En segundo lugar, que existe una divergencia de objetivos entre las mismas y la Secretaría de Seguridad Pública. En tercer lugar, que ésta actúa más como un brazo del crimen organizado (ataques con policías vestidos de civil) que como un órgano del Estado mexicano. En cuarto lugar, que es posible imaginar escenarios en los cuales el gobierno de Felipe Calderón se haya colocado como aliado de ciertos cárteles y enemigo de otros, y que aun dentro de la estructura gubernamental existen diversas alianzas y lealtades. Ello representaría un ejemplo clásico de lo que es conocido como «criminalización del Estado-nación», y colocaría en una precaria posición al cada vez más endeble estado de derecho a nivel nacional.

A esta última deducción deben sumarse las negativas constantes a investigar los casos de lavado de dinero que han trascendido a nivel internacional, y que involucrarían, entre otros, a HSBC y los cárteles mexicanos. La administración de Calderón ha prestado nula atención al elemento financiero del tráfico de drogas, única vía por la cual sería posible debilitar a los cárteles, si tal fuera la intención de la sangrienta «guerra contra el narcotráfico» emprendida. Las acciones, sin embargo, muestran más una política de intervención imperial, dirigida a controlar de forma efectiva el territorio mexicano, solapada por un gobierno cuyo interés principal ha sido lucrar con el desmantelamiento del Estado-nación.

En este sentido, las preocupaciones no deben disminuir. La inminente llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, acompañada de serias acusaciones sobre la legalidad de los recursos que fueron utilizados para ello, da pie a considerar de forma innegable la participación del crimen organizado en el proceso electoral. Las acusaciones que circundan al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, son sólo una parte de la red de tráfico de influencias y lavado de dinero que parece circundar al Partido Revolucionario Institucional. En este contexto de claro intervencionismo, tanto de las fuerzas armadas y de inteligencia de Estados Unidos, así como de los cárteles del narcotráfico, en la conformación del actual y próximo gobierno, la espiral de violencia no disminuirá, y ninguna estrategia de auténtico combate al crimen organizado puede ser vislumbrada.

Las acciones emprendidas por Javier Sicilia en Estados Unidos, dirigidas a concientizar a la población de aquel país sobre su rol en la violencia que azota a México, son sólo una parte de la labor que resta por hacer. En México, esperar una exhaustiva investigación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los fundos del PRI en las elecciones que han apenas pasado, parece más un deseo que una inminente realidad. Aún resta por ver cuál es el grado de penetración del crimen en el Estado, y cuál es el grado de incompetencia que éste muestra, al margen del hecho apenas comentado. Una cosa parece segura, el sexenio venidero profundizará la descomposición de las instituciones del Estado mexicano, y una intervención más abierta por parte de las fuerzas estadounidenses no debe ser eliminada de la ecuación.

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Alejandro De Coss es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Apasionado de la filosofía, tiene un diplomado para comprobar su devoción. Actualmente explora los laberintos de la burocracia desde la Secretaría de Energía, aunque (no tan) secretamente sueñe con futuros ensayísticos y literarios.

Revista cultural

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