Democracia, desigualdad y violencia

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Foto: Ricardo Ramírez Arriola / 360gradosfoto.com


 

Alejandro De Coss

 

No puede haber democracia en México en la medida en que las condiciones de miseria en las que viven 52 millones de personas (según datos de CONEVAL en 2010) se mantengan. No puede haber democracia mientras 28 millones de ciudadanos (sobre) viven en pobreza alimentaria. La democracia mexicana no existirá en la medida en la que la guerra contra el narcotráfico nos siga colocando por encima de países como Irak en niveles de violencia, y mantenga al país en un estado de paranoia y terror. Un país en guerra y presa de condiciones de desigualdad obscenas, como éste, no puede ser democrático.

En una estructura socioeconómica tan desigual (la OCDE calcula, para 2012, el índice de Gini en .494 sin considerar los efectos redistributivos del sistema fiscal, y en .476 tomándolos en cuenta), la pobreza se vuelve moneda de cambio y herramienta de lucro para el sistema político. Así podemos explicar el caso de las tarjetas precargadas de Soriana que el PRI copiosamente distribuyó, y otros muchos casos que con certeza existen, pero que no han sido mediatizados. El sistema asistencialista se ha instalado también en la lógica electoral, y resulta más redituable para los gobernantes sostener la miseria que les posibilitó ser elegidos que solucionarla; de 2008 a 2010, el Estado de México fue la entidad en la que se presentó el mayor aumento de la pobreza extrema, según datos del ya mencionado CONEVAL: ahí no se ha conocido la alternancia, han sido 82 años de gobiernos del PRI. Ahí también el sistema de despensas se ha instalado como uno que trasciende la lógica electoral: nunca es demasiado pronto para comenzar a crear lealtades con base en dádivas.

En Iztapalapa, uno de los más poderosos bastiones perredistas de la ciudad de México, la pobreza es mucho mayor en proporción que en el resto de la capital. Ahí también el PRD hace uso político de la miseria y la marginación. A la par de la entrega de efectivo y víveres (en cantidades menores a las del priismo del Estado de México, según infiero de las conversaciones que a últimas fechas he sostenido con habitantes de la delegación y la entidad, respectivamente), se crean mecanismos perversos, como el uso político del agua, que es entregada a través de pipas y a cambio de lealtades. No es posible soslayar el compromiso que se crea con quien otorga los pocos recursos materiales con los que se sobrevive, como capital simbólico y político. El modelo del Estado paternalista, trasladado a los partidos políticos, es parte esencial de su estructura. Opera una lógica del partido como proveedor y sostén, cuando en realidad lo único que está interesado en sostener son clientelas, largamente construidas, y absolutamente dependientes de un estado de pobreza y de la incapacidad estructural para salir de él a través de la producción y el empleo digno. Tal vez por eso ha sido más urgente cubrir la zona poniente de la capital, de ingresos elevados, con segundos pisos para automóviles (artículos de lujo) que de tuberías y transporte sustentable a la zona oriente. Primero los pobres, pero que se mantengan así.

La foto que encabeza este artículo muestra de forma muy clara el modelo que por siglos se ha mantenido en este país. El grupo de mujeres indígenas que camina en un inundado camino de terracería, con paraguas del candidato electo al gobierno de Chiapas, Manuel Velasco Coello, representa la voluntad de subordinar formas de vida milenarias a esquemas de desarrollo propios de la modernidad occidental. Es decir, se nos dice que los pueblos originarios deben salir de la pobreza, pero se limitan las formas que, de acuerdo con sus diversas cosmovisiones, forjadas por siglos de prácticas y construcciones ideológicas correlativas, permitirían alcanzar ese objetivo. Ahí la subordinación es doble: la primera es socioeconómica, al crear y recrear las estructuras institucionales y sociales que dan origen a la pobreza en la concepción occidental del término. La segunda es epistemológica y cultural, al negar que otra idea y práctica de desarrollo pueda ser válida, y por lo tanto apoyada y construida. Es por eso que proyectos revolucionarios como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o el que se construye en la comunidad michoacana de Cherán K’eri, son de vital importancia para la transformación de México. Sin embargo, constituye un terrible error hacer extensiva dicha realidad en construcción al resto de los pueblos originarios que cohabitan este territorio denominado país.

Sin la miseria que resulta de la desigualdad, la versión mexicana de la democracia no tiene sentido. Sin clientelismos, dominaciones, opresiones y paternalismos, los partidos políticos no tienen sentido. Ello fue patente en esta elección. La compra de votos, ampliamente documentada, pero legalmente difícil de comprobar, marcó el proceso. Súmese a ello la función de la televisión. En México su poder es enorme. Es creadora de códigos culturales y visiones de la realidad, además de buenos y malos, presidentes y locos. La televisión, que a través de su producto por excelencia, las telenovelas, se ha apropiado y ha recreado hasta la saciedad la imagen del pobre abnegado, pero bueno, y el rico despiadado y maligno, que recibe un castigo que usualmente depende de la metafísica, y no de la ley y la política, define en gran medida al México contemporáneo. En esta ocasión, se dedicó a construir a un candidato, casi desde cero. Ligándolo a la lógica de las telenovelas a través de su matrimonio con Angélica Rivera, resaltando su físico y concentrándose en su vida social y de supuesto éxito, el candidato fue transmutado en un producto consumible, y además de deseable. La ausencia de tiempo para consolidar capital cultural por parte de familias e individuos dota a la televisión de un rol privilegiado en la definición de los códigos simbólicos que explican la realidad del mexicano. La distracción que provee, democrática y popular, termina por convertirse en una herramienta más en el sostenimiento de un sistema político que, además de lo que ya descrito, se fundamenta en la ignorancia.

A ello debemos sumarle una situación de guerra, a la que México se ha visto sometido durante el sexenio que termina, y de la que no se ve pronta salida de acuerdo con las estrategias y visiones del aspirante a candidato electo, Enrique Peña Nieto. Este elemento no solamente es perjudicial para la democracia si pensamos en la más elemental de las intervenciones: la coerción en el voto. En una situación de violencia, el individuo y la comunidad son capaces de renunciar a sus derechos políticos por la promesa de seguridad. El estado de excepción que se ha impuesto como normalidad significa un detrimento para el libre ejercicio de los derechos ciudadanos en el país, y no sólo es generado por la ausencia de una estrategia que resuelva el problema desde sus causas, sino que es catalizado por la presencia de una política simbólica, que pretende hacer mientras no hace nada, salvo maquillar con sangre y plomo la barbarie cotidiana. En el caso del PRI, el recuerdo de los tiempos de acuerdos tácitos entre el crimen organizado y el Estado (como ya he expuesto en entradas anteriores) es una poderosa herramienta política, que no forzosamente corresponderá con la realidad.

Además deben sumarse las expresiones de violencia desatadas en la jornada electoral, y no estrictamente ligadas al problema del narcotráfico (aunque en última instancia, dada la criminalización del Estado y la política partidista mexicana, podrían estar correlacionados). En Chiapas, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León y Baja California, entre otros estados, se reportaron asesinatos de votantes, representantes partidistas y funcionarios de casilla. Una democracia que es incapaz de garantizar la libre participación política de sus ciudadanos, con la premisa de la muerte posible rondando, difícilmente puede ser llamada tal. Incluso algún clásico británico de la filosofía política disputaría la legitimidad del Estado mexicano, que no es capaz de procurar la seguridad mínima a sus súbditos –ciudadanos–. Pero eso sí, el IFE le llamó al 1º de julio una jornada excepcional.

Es ilusorio considerar que puede existir una competencia equitativa en un contexto como éste. La pobreza en términos económicos también significa una limitante para la acumulación de capital político. En la medida en la que el ciudadano arrojado a la pobreza es incapaz de acceder a los medios y el tiempo que le proveerían de las conexiones sociales y los recursos cognitivos necesarios para incidir de forma directa en lo político, la democracia mexicana continuará siendo más una plutocracia que otra cosa. A ello es necesario agregar la crisis de representatividad que existe en un régimen en el cual los partidos se han convertido más en instituciones preocupadas por garantizar y extender sus prerrogativas y beneficios económicos. La pelea por un puesto –«hueso»– es la motivación más evidente en los funcionarios públicos y los aspirantes a serlo, que se dedican al tránsito de un puesto a otro, sin que con ello se pueda crear otra lealtad que no sea al partido político como institución.

En última instancia, la constitución de una democracia auténtica en México irá aparejada de la construcción de nuevas formas de producción, no únicamente en lo económico, sino en lo cultural, lo social, lo epistémico. Uno de los primeros entendimientos necesarios es que México no es un monolito cultural. La nación mexicana es una creación ideológica que supedita otras realidades a una hegemónica, arraigada en símbolos como la bandera o el himno, que poco tienen que ver con las prácticas sociales y políticas cotidianas. En ese supuesto monolito, el llamado a la unidad nacional encubre las diferencias que entre las distintas clases sociales y naciones existen. Lejos de considerar que hoy podemos decir que México atravesó un proceso democrático ejemplar, podemos afirmar que sufrimos una simulación de democracia. Las múltiples manifestaciones populares, que ya rebasaron a #YoSoy132, dan cuenta de ello. Sin aún haber conseguido determinar cómo es que el sistema que nos gobierna no es democrático, y qué si es, han gritado con furia e indignación que no lo tolerarán más. La profundización de la lógica de la desigualdad, que el neoliberalismo que acompaña a Peña Nieto genera, sólo radicalizará la protesta ciudadana. Es necesario comenzar a construir y reconstruir lazos que nos recuerden que la política democrática es participativa y plural. El sistema representativo está agotado. Resta responder a la pregunta ¿con qué será sustituido?

 

 

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Alejandro De Coss es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Apasionado de la filosofía, tiene un diplomado para comprobar su devoción. Actualmente explora los laberintos de la burocracia desde la Secretaría de Energía, aunque (no tan) secretamente sueñe con futuros ensayísticos y literarios.

 

Revista cultural

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