La (no) planeación de las políticas públicas y la deliberación

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Carlos Roque

Uno de los mayores problemas de México es que demasiados tomadores de decisiones se manejan bajo una administración improvisada. En el gobierno, la falta de planeación de políticas públicas tiene costos muy elevados para la sociedad: desde grandes sumas de dinero, obras mal hechas, industrias afectadas por beneficiar a otras, «desajustes en el mercado», hasta la pérdida de vidas inocentes. El problema va más allá de la buena o mala intención de los políticos, ya que no sólo se trata de querer hacer bien las cosas, pues existen retos que, independientemente de las buenas intenciones –que son bienvenidas–, los tomadores de decisiones no contemplan. Uno de estos retos es tener en cuenta las posibles consecuencias de las políticas a implementar.

Imaginemos por un momento que cada político y funcionario público encargado del diseño, implementación y/o evaluación de políticas públicas en nuestro país se preocupa profundamente por los efectos que podrían acarrear sus decisiones. Imaginemos que tienen buenas intenciones y buscan el bien común desde sus ideales. Con todo esto a nuestro favor, aún existiría el problema de lo que Bob Norton llama «la ley de las consecuencias no planeadas» (The Law of unitended consequences).

Si se lee el artículo de Norton, se puede notar que su tesis es bastante lógica: una decisión gubernamental debe ser bien analizada y considerar lo evidente y lo no tan evidente, las consecuencias obvias y las no tan visibles, porque hay acciones que, si se considera a la sociedad como conjunto, causan más daños que beneficios. En pocas palabras, a las políticas públicas, aunque sean bien intencionadas, les puede salir el tiro por la culata. Esto lo ejemplifica Norton con varias decisiones de gobierno cuyos efectos negativos no fueron anticipados. Y esto le sirve como argumento para catalogar decisiones de gobierno como acertadas o equivocadas.

En México tenemos una situación muy triste. Al iniciar esta colaboración pensé en enfocarme en un debate sobre cómo calcular los costos que definirían si una política gubernamental es adecuada o no. ¿Cómo ponderar las consecuencias no deseadas de una decisión pública? Según Norton, cierto especialista (Martin Feldstein) afirma que la seguridad social desincentiva el ahorro y la inversión y, por lo tanto, el crecimiento económico. Bajo esta lógica, ¿los legisladores deberían aprobar reformas estructurales para reducir el costo de la seguridad social para el estado? Y si esto se hace, ¿significa que es suficiente el argumento de Feldstein para privar a las personas del derecho a un retiro justo? El asunto es bastante complejo, como la mayoría de los asuntos públicos, y los temas a deliberar son numerosos. Lo triste es que no veo esto en México. Muy pocos niveles de gobierno realizan intercambios de ideas y conocimiento con otros actores sociales y con otras instancias para generar políticas públicas. Como dije en un principio: «imaginemos», porque no todos los funcionarios y políticos se preocupan por las consecuencias que podrían acarrear sus decisiones.

Pero por quienes sí se preocupan por las consecuencias no planeadas, y por quienes somos afectados por ellas, vale la pena que entremos a estos cuestionamientos: ¿Cuál debe ser la prioridad de un gobierno a la hora de planear, implementar y/o evaluar políticas públicas? ¿El crecimiento económico? ¿Los derechos humanos? ¿La libertad? ¿La igualdad? ¿La ética? ¿Los valores? ¿Cómo evaluamos las decisiones que toma un gobernante si no hay un consenso generalizado sobre lo que debe hacerse? ¿Estamos tan lejos de ese debate? ¿No es esto a lo que se debe enfocar un debate presidencial o cualquier debate político?

Cualquier política pública será un fracaso si no se planea adecuadamente, pero también será un fracaso si no hay un consenso entre la población, los partidos, los distintos órdenes de gobierno y los actores sociales que serán objetivos de dichas políticas. Se debe de partir de ideas comunes en la medida de lo posible. Es por eso que la legalización del aborto causa tanta polémica, que las sociedades de convivencia son tachadas como «mala decisiones», que la legalización de las drogas se ve tan lejana: porque no se debaten las ideas que son la base de la planeación de las políticas públicas.

La planeación adquiere entonces dimensiones políticas, éticas, sociales y culturales. No sólo se tienen que anticipar situaciones que todavía no ocurren; se tienen que debatir estas posibles situaciones para tomar una decisión. Es una tarea muy compleja. Analizar las consecuencias de cualquier decisión nos obliga a entrar a un debate ético sobre lo que es correcto hacer o no.

Aunque muchos economistas o políticos quizá estarían de acuerdo en optar por un «mal necesario en el presente» para obtener un «bien posterior», hay que tener mucho cuidado con este argumento, porque hay decisiones que se pueden tomar de forma errada, bajo la falsa certeza de que serán para un bien posterior. Aclarar este bien posterior es un trabajo que debe hacer y argumentar el que propone la política pública (el nuestro es escuchar los argumentos y aceptarlos o refutarlos).

Un ejemplo muy claro lo podemos encontrar en la estrategia de combate al narcotráfico en México. Felipe Calderón, al inicio de su administración, decidió que había que contrarrestar el poder de los cárteles que manejan el comercio de drogas en el país. Y esta decisión, argumentando un bien común posterior, ha traído como consecuencia una espiral de violencia que se ha traducido en muertos, desaparecidos, inseguridad, estancamiento, por decir los menos. ¿Hubo debate en este sentido? No. Por eso la legitimidad de cada manifestación en contra.

Como sociedad civil organizada, como ciudadanos, como empresarios, como miembros de un partido político o algún otro grupo de interés, lo que necesitamos es hablar, compartir lo que pensamos, escuchar, deliberar, y lo más difícil: estar dispuestos a cambiar de opinión. Esa es una pequeña parte de la reconciliación que el país necesita. Porque me parece que, si nos comunicamos de esta forma y nos reconocemos, nos daremos cuenta de que en realidad somos muchos más los que estamos de acuerdo en políticas públicas de bienestar y sustentables, y que son muchos menos a los que les interesa mantener un status quo que afecta a la mayoría de la población. Deliberar es un inicio.

Por mucho que nos falte para resolver estos problemas y ser beneficiados por políticas públicas adecuadas, independientemente de los debates que puedan plantearse respecto a cada decisión de política pública –con sus respectivos cuestionamientos éticos, sociales y culturales–, lo cierto es que se debe erradicar la práctica de realizar políticas sin planeación ni consenso. En una sociedad democrática no podemos darnos el lujo de desperdiciar la información a nuestra disposición, sin planear, debatir, deliberar y llegar a mejores decisiones.

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Carlos Roque (@croquepineda) es internacionalista y estudiante de gestión pública aplicada. Asistente y miembro de la Cátedra de investigación en comunicación, globalización y estudios culturales del itesm Campus Guadalajara. Sus líneas de investigación son: Políticas públicas y sustentabilidad, profesionalización de las OSC, y Gobernanza urbana. Es colaborador de Rescatemos Guadalajara A.C. en el área de incidencia. Nació en Zihuatanejo y al menos debe ir a la playa cuatro veces al año.

Revista cultural

1 comentario

  1. Mardoan

    20 Julio, 2011 at 2:48

    El iceberg de las políticas públicas educativas en México

    El tema que abordo es el de la existencia de polìticas educativas ocultas de degradación educativa deliberada, mismas que se manifiestan, de manera camufleada, como directrices educativas prescriptivas, inexplicadas y autoritarias, que toman la forma de acuerdos, instrucciones y lineamientos, no pocas veces orales, sin registro escrito comprometedor, y de las posibles contrapolíticas resistenciales desde la escuela.

    Parto del supuesto de que las políticas educativas públicas que orientan realmente la educación básica pública son políticas encubiertas, ocultas, por lo que hablar de ellas como políticas públicas es un oximorón. De este modo, unas son las políticas educativas públicas del discurso oficial, plano de la ficción y del simulacro educativo, y otras, muy diferentes, son las formas de instrumentar las verdaderas (y subterráneas) políticas educativas para la educación pública, plano de la realidad y de la catástrofe educativa (Guevara Niebla).

    Si esto es así, como creo que lo es , existen agencias agazapadas generadoras de políticas públicas (o, mejor dicho, para lo público) que sobredeterminan a las agencias abiertas, y son aquellas las que le otorgan lógica y coherencia a las formas en las cuales dichas políticas son instrumentadas, hecho que da lugar a la confusión, perplejidad y decepción cuando se vinculan dichos aterrizajes de las políticas ocultas con los discordantes planteamientos de las políticas públicas del discurso oficial.

    Dicho de otro modo, hay lógica y correspondencia fiel entre las políticas educativas ocultas y las directrices reales de su instrumentación (acuerdos, instrucciones y lineamientos), ya que la intención de dichas políticas esotéricas (la degradación educativa deliberada de la educación pública) se cumplen cabalmente, a través del dispositivo de su instrumentación (saturación de contenidos; enseñanza verbalista y centrada en textos (libresca); contenidos sin aplicación a la realidad, etc). Pero no hay lógica ni correspondencia entre dichas formas reales de instrumentación de la verdadera intención de degradación educativa deliberada y las supuestas buenas intenciones del discurso oficial (Elevar la calidad de la educación). Huelga decir que, en el engañoso y equívoco discurso educativo oficial (y en el distraído y babieco discurso académico subsidiario de aquel), tal contradicción, en lo manifiesto, es percibida como una disfuncionalidad sistémica (una falla (fallototota) del Sistema educativo, anónima, multifactorial, inescrutable y fatal), como una supuesta iatrogenia accidental, sin responsables, y no como un proyecto político embozado de degradación intencional, con responsables tanto ocultos como manifiestos.

    ¿Quiénes (agencias) dictan las políticas públicas educativas en México?

    Si pensamos a la educación pública mexicana como la de un país neocolonial, supragobernado por agencias políticas transnacionales (una forma poco común de pensarlo, dada la intoxicación discursiva demagógica que nos hace imaginarlo como soberano), entonces tendremos ante nuestros ojos una jerarquía de determinaciones que van desde las más altas y fundamentales (agencias supranacionales como el Grupo Bilderberg, el FMI, el BM, etc), a las más bajas e ilusoriamente percibidas como las más protagónicas (direcciones de escuelas y maestros).

    Lo anterior queda plasmado en la siguiente escala:

    [Comentario demasiado extenso]

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