Diez apuntes sobre la encrucijada política mexicana

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Julio Alejandro De Coss Corzo

 

1. En el 2006, Felipe Calderón llegó a la presidencia de México en condiciones por demás opacas. Más allá de que asumamos o no la existencia de un fraude electoral, la realidad permanece: la legitimidad de Calderón era mínima. Como parte de ese escenario, y siguiendo algunas tendencias globales de reconfiguración del Estado, el gobierno mexicano sustentó su legitimidad en una guerra. En México, el enemigo a vencer es el narcotráfico

2. La guerra contra el narcotráfico, por su naturaleza, no tiene conclusión posible. El problema del narcotráfico no responde a una dinámica nacional, sino global. Los flujos transnacionales de drogas, armas y dinero son los que sostienen a las organizaciones criminales mexicanas. Éstas, además, indudablemente tienen vínculos crecientes con sus pares extranjeros. Así pues, el problema económico del narcotráfico se presenta como esencial para su comprensión y control.

3. En México, una estrategia de militarización ha sido emprendida. De forma creciente, desde el 2006 y hasta hoy, la presencia no únicamente policiaca, sino de las fuerzas armadas (Ejército y Armada) ha crecido de manera exponencial en las calles. La lógica que el estado blande como débil arma es que será mediante el ataque frontal a los narcotraficantes que el proceso cesará.

4. La militarización ha provocado una escalada espectacular de la violencia. Contrariamente a lo dicho por el discurso oficial, y atendiendo únicamente a los datos que la prensa muestra y que las redes sociales dejan saber, es evidente que los miles de muertos civiles no corresponden a “daños colaterales” o a potenciales colaboradores del narcotráfico. El ejército en las calles violenta la paz social del país, como incluso la Organización de las Naciones Unidas ha señalado, recomendando el cese de las labores policiacas que desempeña.

5. En el 2011, la cadena árabe de noticias Al Jazeera muestra en un reportaje que esta estrategia de militarización ha distado mucho de ser un combate frontal contra el narcotráfico. En las montañas de Guerrero, diversas organizaciones comunitarias autogestivas exponen la forma en la cual a la pobreza sistémica y la explotación indiscriminada de los recursos naturales de la región bajo opacas condiciones se suma una estrategia de criminalización de la disidencia por parte del Estado mexicano.

6. Tras el asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo de un poeta y articulista del diario La Jornada, Javier Sicilia, un movimiento impulsado por las élites intelectuales y artísticas del país comenzó a articularse. Pronto, tras el lema “estamos hasta la madre”, marchas simultáneas se convocaron en todo el país. Meses después, el 8 de mayo, marchamos muchos desde Ciudad Universitaria hasta el Zócalo, otros más venían desde Cuernavaca, en un primer acercamiento al dolor común que comparte este país.

7. El 10 de junio de 2011, en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras una larga marcha del Consuelo por toda la nación, el ahora Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad firmó un Pacto Nacional Ciudadano. Dentro de sus muchos puntos, ha trascendido hasta hoy la oposición a la Ley de Seguridad Nacional, que aún no ha sido ni aprobada ni descartada.

8. Javier Sicilia, Julián Lebarón y otros prominentes integrantes del Movimiento se han reunido, primero, con Felipe Calderón, después, con un grupo de senadores del PRI, PAN y PRD. En ambos casos, perdones se exigieron, y así fueron otorgados. En ambos casos, nada más pasó. Sicilia se siente traicionado. Otros tantos, tristemente, sentimos nuestras certezas de la falsedad del ejercicio político fortalecidas. El impulso inicial del movimiento comienza a desgastarse.

9. La clase política continúa autonomizándose. El ex-gobernador de Coahuila, ahora presidente del PRI nacional, Humberto Moreira, es directamente responsable de haber elevado la deuda del estado a 31 mil 973 millones de pesos, de los cuales sólo había reconocido 8 mil millones. Humberto Millán Salazar, reportero que destapó la nota, apareció muerto el 25 de agosto de 2011, tras haber sido secuestrado un día antes.

10. Hacia el 2012, el país se sumerge en una crisis económica más profunda, seguimiento de la de 2008. Este ciclo económico promete profundizar las relaciones de desigualdad socioeconómica en México, a pesar de las negaciones del gobierno federal, que mientras tanto continúa profundizando su guerra contra el narcotráfico, a pesar de la creciente inconformidad social y la cuenta de muertos que, en cálculos, se coloca hoy arriba de los 40,000, a partir del 2006.

Los apuntes señalan una encrucijada política para México de considerable envergadura  en la víspera de las elecciones presidenciales de 2012. El escenario es un país sobrecogido por la sangre derramada en pos de una guerra que parece interminable; una economía debilitada, llena de exenciones para las grandes empresas, algunas monopólicas, con una recaudación exagerada a una empresa petrolera cada vez menos soberana y a una ciudadanía cada vez más desigual; una sociedad sumida en la apatía política, cansada de la repetición de viejos lemas y perennes demostraciones por parte de la clase política de una total desconexión de los problemas sociales y una creciente autonomización; una militarización creciente del país, que no causa únicamente un terror extendido a nivel nacional, sino una criminalización innegable de la disidencia y la oposición social organizada; una continua degradación de los contenidos culturales de los medios masivos de comunicación, privilegiando la venta del morbo como medio de obtener beneficios económicos inmediatos; y, en general, una sensación desasosegadora de que no podrá haber un cambio profundo en el 2012.

La organización de la sociedad civil en incipientes movimientos parece estar perdiendo de vista el origen de la situación en la cual México se encuentra actualmente: la profunda desigualdad socioeconómica, provocada por el sistema económico imperante. Sin denostar la importancia del combate a la violencia y militarización del país, y entendiéndolo como un paso necesario ante la situación de emergencia nacional, se vuelve imperativo recordar que es de las condiciones objetivas de la producción que la desigualdad surge, y que de ahí se originan los problemas particulares de México como estado.

Sin embargo, una teorización abstracta del problema económico poco podrá hacer para cambiar la situación. La acción, pues, no surgirá de una impecable teoría económica (ya todos hemos visto cómo termina eso). Tampoco lo hará, contrario a una creciente percepción en ciertos círculos sociales, por el uso constante de plataformas virtuales y redes sociales en Internet. Estas redes, importantes como son, fungen como vehículos para movimientos físicos, no como sucedáneos de los mismos. Es precisamente aquí en donde la clave de una transformación nacional se encuentra: en la acción civil organizada.

Es necesario que México se plantee como urgencia la corrección de los mecanismos que han permitido perpetuar un sistema desigual, corrupto, que tiene como armas ideológicas a las dos principales televisoras, que con programación idiotizante y, a últimas fechas, propagandística, buscan desviar la atención del público de la situación crítica a la que se enfrenta el país. Dicho sistema se fundamenta en la opacidad y nula rendición de cuentas del sistema político en lo general. Detrás de los manejos discrecionales de la política, los actores económicos se fortalecen, sin que en ello medie un instrumento regulador fuerte y autónomo. Caso claro de ello es la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que ha sido incapaz de asegurar la provisión de servicios de calidad en la materia que le corresponde, al tiempo que ha permitido el enorme enriquecimiento de individuos como Carlos Slim o las recientemente aliadas Televisa y TV Azteca.

Recuperando una afirmación de Slavoj Zizek: en la medida en que la oposición y la subversión no provenga y proponga algo distinto al sistema, fracasará. Cualquier intento reformista en México se encontrará con la oposición generalizada de un sistema enquistado en el cuerpo productivo de un país, que lo drena sin cesar y sin oposición. Si bien hace algunos meses hubiera parecido impensable que una sociedad civil unida, si bien no profundamente organizada o con objetivos perfectamente determinados, derrocara a un régimen bien afianzado y con apoyo internacional notable, el caso tunecino demuestra lo contrario. En aquel país el descontento popular ante una situación de prolongada crisis, creciente corrupción, violencia contra la sociedad civil y las perspectivas del empeoramiento de la situación fueron suficientes para motivar un movimiento de profundos alcances y consecuencias. En México, la situación no es distinta.

El 2012, pues, sienta las bases para un escenario más complejo y una situación de contienda política que excede a la electoral. Ante lo cuestionable de los aspirantes a candidato de todo partido, pareciera que la situación exige a la sociedad civil organizarse y reclamar su lugar. Para México, frente a una clase política que busca repartirse las prebendas del poder, la búsqueda de la construcción de una democracia participativa es impostergable. Esta no se ganará sólo con las palabras. Deberá, por fuerza, estar sustentada en la acción. Ello no quiere decir que ésta deba ser violenta. El camino pacífico continúa siendo posible.

Para ello, es necesario reconocer primero que el gobierno no es un interlocutor válido, pues está infiltrado y coludido por y con el narcotráfico. Además, actúa en contubernio con los poderes económicos, que amparados detrás de leyes que les permiten obtener el máximo lucro, ofrecen los mínimos servicios y salarios. Por ello, es la sociedad civil quien debe reclamar para sí el derecho inalienable de determinar su forma de gobierno y de elegir a sus gobernantes.

El proceso, por fuerza, es complejo. Para éste, no hay recetas. Como Antonio Negri y Michael Hardt señalan en su libro Multitud: es mediante la acción creativa de las singularidades organizadas en torno a intereses comunes que las agendas se pueden definir. Así, lo que hace falta, antes de proponer, idear o teorizar planes de acción para una revolución pacífica en México, es salir a la calle, mostrar nuestro descontento y, hombro a hombro, participar en la lucha para crear una sociedad más justa y mejor.

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Alejandro De Coss es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Apasionado de la filosofía, tiene un diplomado para comprobar su devoción. Actualmente explora los laberintos de la burocracia desde la Secretaría de Energía, aunque (no tan) secretamente sueñe con futuros ensayísticos y literarios.

Revista cultural

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