Migración y crisis humanitaria

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Frania Duarte

Desde hace un par de semanas, el debate migratorio en Estados Unidos se ha intensificado debido a la gran atención que diversos medios han prestado a la situación de niños centroamericanos inmigrantes que viajan solos para huir de la pobreza y la violencia de sus países, motivados por el american dream.

Al respecto, son válidas las críticas que diversas organizaciones de inmigrantes y otros analistas han hecho hacia el país que, en lo que va de este año, ha deportado a más de 50,000 menores y que pretende implementar políticas para reforzar sus fronteras, cuando hace poco más de 200 años ese mismo país fue fundado por inmigrantes europeos que huían de la reforma protestante y, a su modo, también buscaban un american dream. Igualmente válido es criticar la falta de cumplimiento de una promesa de campaña, así como los obstáculos a la movilidad humana que en el continente produciría el reforzamiento de la seguridad fronteriza (norte y sur de México, principalmente), contraviniendo con ello los ideales del mundo globalizado actual, y dificultando también el diálogo y la estrecha cooperación entre vecinos.

Así, para Estados Unidos representa una urgente necesidad la reforma a su sistema migratorio, de tal suerte que los inmigrantes que se encuentran en aquel país tengan un estatus migratorio definido y existan alternativas adecuadas para los que pretendan ir a ese país. Sin embargo, vale la pena señalar que el contenido de una reforma integral quizá no sería tan integral; es decir, no se tendría la «enchilada completa» que en algún momento deseaba el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, sino más bien habría reformas más pequeñas, debido no necesariamente a la incapacidad del Congreso estadunidense, sino a la falta de consenso sobre el tema y a las ventajas políticas que de él se pueden obtener. Y precisamente esto último es lo que pesará hoy, pues dentro de cuatro meses Estados Unidos celebrará un proceso electoral en el que principalmente el movimiento de ultraderecha Tea Party, encabezado por los senadores republicanos de origen cubano Ted Cruz y Marco Rubio, pretende cobrar ventaja utilizando, una vez más, la demonización de la inmigración hispana como uno de los temas eje en su agenda.

No obstante, el problema de la migración y la crisis humanitaria infantil hoy le explota a Estados Unidos, pero de ninguna manera se originó ahí. Para los países y críticos al sur del paralelo 32, resulta ciertamente cómodo exigir a Estados Unidos que brinde un Estado de bienestar a los inmigrantes, cuando una de las razones principales por las que éstos se fueron de allí fue porque en sus comunidades de origen el Estado prácticamente estaba –y sigue estando– ausente.

Si se toman en cuenta indicadores de corrupción, pobreza, acceso a servicios de salud y violencia en los tres países a los que Obama ofreció ayuda en el paquete económico que hace semanas solicitó para frenar la oleada migratoria ($300 millones de dólares para El Salvador, Guatemala y Honduras en conjunto), se podrá tener un panorama sobre la situación social que se vive en ellos. Así, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2013, elaborado por Transparencia Internacional, de 177 países en donde el primero es menos corrupto y el último lo es más, El Salvador, Guatemala y Honduras se ubican en los lugares 83, 123 y 140, respectivamente. De igual modo, el reporte Panorama Social de América Latina 2013, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), muestra altos porcentajes de pobreza en dichos países: El Salvador, 45.3%; Guatemala, 54.8%; y Honduras, 67.4%, siendo este último el más pobre de la región. En lo que respecta al acceso a servicios de salud, en 2010 los porcentajes se ubicaron en 48.9%, 44.5% y 37.2%, respectivamente. Para el caso de los niveles de violencia, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha señalado que en 2010 Guatemala registró una tasa de homicidios de 41.5 por cada 100,000 habitantes, y en 2011 la cifra fue de 69.2 para El Salvador y 91.6 en Honduras.

De igual manera, la solución que se pretende dar para que los menores ya no sean víctimas del crimen organizado es poco estratégica, pues carece de visión de largo plazo y de ningún modo ataca al problema de raíz. Por ejemplo, sellar la frontera sur de México no impedirá que las organizaciones criminales sigan operando como hasta ahora lo han hecho y tampoco parece que ello vaya a motivar a los países centroamericanos a apostar por reformas estructurales que eviten que sus connacionales tengan la necesidad de emigrar. La crisis humanitaria de la que están siendo víctimas los niños inmigrantes, así como también los adultos, no es precisamente un llamado de atención para mejorar el tránsito de los migrantes mediante el combate a las organizaciones criminales (que a su vez se originan por vacíos legales y problemas estructurales), sino un llamado para que los países expulsores asuman sus obligaciones y responsabilidades.

Cierto es que los Estados tienen el derecho de velar por sus nacionales en el exterior, no obstante cada Estado tiene también el derecho de formular una política migratoria acorde con sus intereses y necesidades –lo cual, sin embargo, no debe ser motivo para atentar contra los derechos humanos. En este sentido, es imperativo que los actores involucrados asuman sus responsabilidades, reconozcan sus áreas de oportunidad y dejen de recurrir a la zona de confort que representa buscar culpables al exterior.

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Frania Duarte (Ciudad de México, 1989) es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Revista cultural

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