In arms we trust

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Foto tomada de GlobalResearch.

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Frania Duarte

Una de las principales amenazas a la seguridad de los estadounidenses ya no se ubica únicamente a kilómetros, en la frontera afgano-paquistaní, como en febrero de 2009 declarara Barack Obama, sino en casa. La creciente militarización de la policía, así como la excesiva confianza en la autodefensa se han vuelto, con mayor frecuencia, asuntos de gravedad y de imperante necesidad de debatir y regular.

Sin afán de minimizar la posible existencia de elementos de carácter racista en la muerte del joven afroestadounidense Michael Brown, ocurrida la semana pasada en Ferguson, Missouri, (como en similares circunstancias ocurriera en 2012 con Travon Martin) es crucial rescatar el factor de la militarización de la policía, o lo que Radley Balko ha denominado «el surgimiento del policía guerrero» (The Rise of the Warrior Cop). No se trata  únicamente del comportamiento del policía que disparó a quemarropa a Brown, sino también de la represión que las fuerzas de seguridad de dicha localidad ha efectuado en contra de las protestas de los ciudadanos por la muerte del adolescente, así como de la labor de los periodistas al impedirles documentar esos actos.

Es cierto que un Estado posee el monopolio del uso de la fuerza y que entre sus responsabilidades se encuentra mantener el orden e impedir el desencadenamiento de disturbios, pero ¿es necesario hacerlo empuñando una M-16’s, la misma utilizada en los teatros de guerra afgano e iraquí? ¿Por qué algunas imágenes han mostrado vehículos acorazados rodando en Missouri?

Parece como si la línea entre seguridad y defensa se estuviera diluyendo, e incluso como si la segunda estuviera absorbiendo a la primera. La policía estadounidense, con la responsabilidad de proteger a la ciudadanía, está adquiriendo el comportamiento del ejército, cuya tarea principal es la de defender al país de amenazas externas. Es decir, se trata de una policía que se está militarizando y a la que los propios ciudadanos estadounidenses han comenzado a temer.

Este carácter militar de la policía en Estados Unidos ha sido muy notorio recientemente, pero una parte de sus orígenes se remontan a los años sesenta, cuando en Los Ángeles fue creada la primera unidad de policía SWAT (Special Weapons and Tactics) con el fin de mermar los disturbios locales de la época. Sin embargo, su ámbito de operación pronto se extendió al combate del tráfico de drogas, justo cuando Richard Nixon inició su guerra contra éstas y posteriormente se le sumaría la amenaza terrorista. Precisamente, este periodo coincide con el aumento acelerado de los operativos organizados por las unidades SWAT, los cuales, de acuerdo con Peter Kraska, profesor de la Universidad del Este de Kentucky, han incrementado en 1400% entre 1980 y 2000.

Por otro lado, dichas amenazas han provocado que la militarización de la policía prácticamente esté a cargo del gobierno federal, pues en gran parte es éste quien proporciona los fondos para la adquisición de equipo militar –si no es que hasta el equipo mismo–, así como las directrices de entrenamiento de la policía. Fue así como en 1989 se creó el programa 1033 con el fin de librar la lucha contra las drogas –mismo que en 1996 extendió su radio de acción a actividades de contraterrorismo–, el cual dota al Departamento de Defensa de Estados Unidos con la capacidad de suministrar equipo militar a los policías locales. De igual modo, a raíz de la lucha contra el terrorismo, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos ayuda a las unidades policíacas para comprar equipo militar, a través del Programa de Subvenciones para la Seguridad Interna, del Programa de Seguridad Estatal y de la Iniciativa de Seguridad en Áreas Urbanas, por los cuales se pide a los beneficiarios dedicar por lo menos el 25% de los fondos otorgados a la prevención de terrorismo y a otras actividades relacionadas con la aplicación de la ley.

Es así como el dinero de las arcas federales ha sido utilizado para comprar vehículos blindados, armas, acorazados, entre otros, para uso estatal. Por ejemplo, Sadhbh Walshe, del diario británico The Guardian, señala que hace dos años el Departamento de Policía de St. Louis, Missouri, adquirió un vehículo militar armado, un vehículo de apoyo táctico y, a comienzos de este año, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos donó al Departamento de Policía de St. Charles un vehículo resistente a minas y protegido contra emboscadas. La pregunta es: ¿por qué Missouri –y otros estados que han seguido la misma tendencia– querrían poseer armamento de tales dimensiones cuando el ámbito de seguridad que en teoría les ocupa es la pública?

Otro aspecto igualmente alarmante es que, al parecer, no se está llevando a cabo, ni por la policía ni por las unidades SWAT, una eficiente e impecable labor de inteligencia previa a los operativos que se realizan, ya que en diversos casos ha resultado que el acusado no es el verdadero culpable. Al respecto, el reporte War Comes Home, publicado el pasado mes de junio por la organización Unión de Libertades Civiles de América (ACLU por sus siglas en inglés), reveló que 8 de cada 10 operativos hechos por los equipos SWAT no eran realizados para aprehender criminales, sino para investigar a alguien sospechoso de cometer algún crimen. Asimismo, se menciona que en por lo menos 36% de los operativos, no había existido indicios de contrabando de drogas (uno de los propósitos por los que estas redadas son imp¡lementadas).

Aunado a lo anterior, se encuentra la cuestión del respeto a las libertades civiles. Las fuerzas del SWAT no operan en ilegalidad pero mucho de su empoderamiento, de acuerdo con la ACLU, ha ocurrido fuera de la vista del público y, en algunos casos, sin que sus atribuciones se hayan discutido en el seno del Congreso. Por ejemplo, en 1970 el Congreso aprobó una ley que autorizaba la realización de operativos en los que los agentes antinarcóticos se podían introducir a un domicilio sin llamar previamente a la puerta (no knock raids). La polémica de dicha ley, ante la violencia con la que se conducían tales agentes, causó que fuera revocada cuatro años después; sin embargo, la policía la retomaría arbitrariamente. Las unidades SWAT no han sido la excepción, ya que además de irrumpir súbitamente en un domicilio, lo hacen de forma violenta, utilizando gases lacrimógenos o bombas que dejan sordos y ciegos por unos momentos a las personas que se encuentran en el lugar, con el fin de someterlas lo más rápido posible. Por desgracia, la falta de información y de inteligencia, así como la preparación dada a los elementos de estas unidades (prácticamente entrenados para matar y defenderse de cualquier situación que consideren riesgosa y amenazadora) han causado la muerte de civiles inocentes.

De alguna manera los señalamientos que en 1961 hiciera Dwight Eisenhower sobre los efectos nocivos del complejo militar-industrial para la política exterior de su país, ahora comienzan a sentirse al interior, aunque quizá de manera distinta. Pero uno de los resultados de esta dinámica, que no dista mucho de los causados en el exterior, es la desconfianza y el sentimiento de inseguridad de los ciudadanos frente a las fuerzas policíacas.

Es válido que los estadounidenses apelen a la seguridad como uno de los elementos básicos para vivir en armonía y sentirse en un entorno seguro. Sin embargo, están cayendo en una paranoia que está exacerbando cada vez más la violencia. Esta vez se trató de la muerte de un menor a manos de la policía, pero también ha habido ocasiones en las que los autores de los homicidios han sido ciudadanos que, por derecho constitucional, habían adquirido armas (ver Ecos del Tío Sam, 17/01/2013). Además no debe olvidarse que el asunto de la seguridad tiene un componente fuertemente subjetivo y no todos perciben la (in)seguridad de la misma manera. Es por esto que la clase política estadounidense debe comenzar a insertarse en un debate profundo y real sobre el derecho de los ciudadanos y del propio Estado a defenderse para evitar caer en una dinámica al estilo del dilema de la seguridad de Hobbes, en donde la confianza en las armas pudiera ser primordial. No hacerlo atentará contra su bienestar y con aquello que el credo americano defiende y enarbola.

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Frania Duarte (Ciudad de México, 1989) es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha colaborado en el Centro de Investigaciones Sobre América del Norte (CISAN) y la California State University, Northridge. Es Asociada Joven del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

Revista cultural

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