Deporter-in-chief

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Frania Duarte

 

No sé si la modernidad es una bendición, una maldición o las dos cosas. Sé que es un destino: si México quiere ser tendrá que ser moderno.

 Octavio Paz

Para las organizaciones de inmigrantes latinoamericanos, Barack Obama ha pasado de ser «commander-in-chief» (comandante en jefe) a «deporter-in-chief» (expulsor en jefe), ya que contrario a lo que se hubiera podido pensar, la administración del actual presidente estadunidense ha batido récord en la historia de las deportaciones de inmigrantes latinos indocumentados. La cifra ronda los 2 millones de deportaciones desde 2008, resultando en un aproximado de 380 mil al año y unas 34 mil diarias.

Es notable la indignación ante el creciente número de deportaciones y ante la lentitud con la que el Congreso estadunidense ha reaccionado para aprobar una reforma migratoria que sea compatible tanto con los intereses y necesidades de nuestro vecino del norte, como con los de los inmigrantes que van en busca del american dream. De igual modo, es innegable que, en algunos casos, los inmigrantes han visto violentados sus derechos humanos y que pareciera que el gobierno estadunidense estuviera dispuesto a actuar con mayor dureza respecto a los cruces ilegales de inmigrantes latinoamericanos. Acciones que resultan paradójicas cuando a todas luces es notable la contribución de los inmigrantes latinos a la economía estadunidense (8 % del PIB).

Ante estas circunstancias resulta natural que los gobiernos de los países de donde proceden los inmigrantes reaccionen, asumiendo las funciones que cualquier Estado tendría que asumir en tanto tal: la protección de sus ciudadanos en el exterior. En este sentido, debe reconocerse la función que el Estado mexicano ha efectuado al brindarles mecanismos de ayuda y protección para evitar que sean víctimas de abusos en el exterior, así como para coadyuvar al fortalecimiento de comunidades expulsoras de migrantes (programa 3×1, por ejemplo).

Sin embargo, la autora quisiera permitirse una reflexión más allá de la política emigratoria del Estado mexicano, para enfocarse a lo que éste igualmente debiera hacer para concretar su función de velar por el bienestar de los mexicanos que residen en su país.

Precisamente, el principal motivo por el que los mexicanos deciden emigrar es laboral. Por ejemplo, la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, 2010 señaló que el 87. 7 % de los migrantes mexicanos de la región del centro de México y el 76. 4 % de la zona este que se dirigieron hacia EE.UU. lo hicieron por razones laborales. De igual manera, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre de 2013, más de 90 mil mexicanos manifestaron voluntad de cruzar la frontera en busca de empleo.

Estas cifras debieran provocar al interior del Estado mexicano la misma indignación producida por las cifras de deportaciones y violaciones a derechos humanos de los inmigrantes. Si bien diversos actores están trabajando para que tanto las condiciones de los inmigrantes como las de los mexicanos residiendo en México mejoren, aún parece no existir una postura bien definida por parte del Estado mexicano que se incline más por la protección de los mexicanos dentro de sus fronteras a fin de evitar que tengan que salir del país, arriesgando sus vidas y sin siquiera un futuro cierto, a buscar las oportunidades que el propio Estado debiera otorgarles.

Al contrario, seguimos escuchando discursos victimizadores y buscando culpables al exterior (vgr. TLCAN), en vez de asumir las propias responsabilidades en la problemática. Ciertamente, las remesas son un gran agregado para la economía mexicana (2 % del PIB), sin embargo no podemos depender del fruto de los trabajadores mexicanos empleados en otro país y que desde un inicio no fueron empleados adecuadamente en el país, ni mucho menos exigir a otro país hacer por nuestros connacionales lo que de este lado de la frontera no estamos haciendo. Y tampoco tenemos la autoridad para reclamar a nuestros vecinos del norte sobre la negación de asistencia médica y el maltrato a los inmigrantes mexicanos, cuando en México se hace padecer exactamente lo mismo a los migrantes centroamericanos que transitan por aquí intentando llegar a Estados Unidos.

Si el Estado mexicano y otros Estados latinoamericanos no ponen manos a la obra para diseñar, implementar y ejecutar políticas públicas orientadas a producir y mantener el bienestar económico y social de sus propios países, entonces el «deporter-in-chief» no será precisamente el presidente estadunidense, quien por cierto está actuando acorde a los intereses y objetivos de su nación, sino será aquel Estado que no cumpla con el objetivo de proteger a su población dentro de su territorio y brindarle los recursos necesarios para alcanzar el bienestar que por derecho le corresponde. Desgraciadamente el área de confort que para México representa la migración ha colocado a México en esta tesitura.

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Frania Duarte (Ciudad de México, 1989) es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido asistente de investigación en el Centro de Investigaciones Sobre América del Norte y la California State University, Northridge. @franiadu

Revista cultural

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