De los derechos fundamentales a la justicia social en las democracias por venir

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Jesús Omar Pineda

 

En sociedades como la nuestra, donde el desarrollo económico no siempre va acompañado de justicia social, es posible observar un creciente descontento con las formas de gobierno democráticas. Al parecer el motivo de ello se encuentra, no en las reglas, sino en los resultados. Nadie en su sano juicio niega la importancia de sus derechos civiles y políticos, pero muchos con justa razón permanecemos insatisfechos.

Una recurrente crítica al modelo de democracia liberal es aquella referente a que en ella sólo se concibe la democracia como una forma de gobierno y, en consecuencia, como algo exclusivo del ámbito político. En esta concepción la democracia se reduce al espacio político de la vida social, como si éste fuese independiente de otros ámbitos sociales como el económico o el cultural. Lo anterior conlleva una inconsistencia, pues si bien es cierto que la democracia hace énfasis en el derecho de elegir libremente por parte de la ciudadanía, este derecho se ve limitado al no existir condiciones materiales y educativas elementales que propicien un verdadero espacio de libertad para elegir y contribuir a la toma de decisiones colectivas, por lo que termina siendo un despropósito pedirle a la ciudadanía una participación política informada y racional, por mínima que ésta sea, cuando dicha ciudadanía se encuentra en condiciones de pobreza y analfabetismo. Es por esta razón que los críticos de este tipo de democracia proponen democratizar otros ámbitos de la vida social, tales como el económico y el cultural.

Es menester, entonces, reconocer que los derechos políticos, en conjunto con los derechos civiles (derechos fundamentales), no son suficientes para enfrentar exitosamente las desigualdades económicas, y que incluso esos derechos pueden servir para legitimar aberrantes formas de exclusión social si no se considera seriamente la interrelación de la política con otros ámbitos sociales, como el económico.

De ahí que algunas pretendidas soluciones den un vuelco radical y vean en la economía la clave para resolver el problema de la justicia social. En ellas, la equitativa distribución de los bienes tiene prioridad sobre el reconocimiento de los derechos políticos y civiles, y, como consecuencia, termina siendo aceptable cualquier forma de gobierno autoritaria y/o excluyente, siempre y cuando ésta tenga por fin la redistribución de la riqueza. Si bien es cierto que esto ha llevado a sociedades menos marginales, también es cierto que este tipo de sociedades jamás han sido democráticas y, lo que es peor aún, la distribución de bienes en ellas podrá ser todo, menos justa.

Y entonces, ¿qué hace «justa» una distribución de los bienes? O bien, ¿cuáles son los criterios para lograr una distribución «justa»?

Para Aristóteles, la forma más simple de justicia distributiva consiste en darle a cada uno de los miembros de una sociedad una parte igual de la riqueza. Sin embargo, este criterio de distribución conduce a la injusticia, pues los miembros de una sociedad contribuyen de forma distinta a su proceso productivo. Por tal motivo, Aristóteles introduce el criterio de «igualdad proporcional», que implica que dos personas que contribuyan de forma igual a la sociedad, serán tratadas de manera justa cuando reciban la misma cantidad de bienes.

No obstante, este criterio también presenta dificultades cuando se pretende equiparar distintas formas de contribución social, pues ¿cómo saber, por ejemplo, si un filósofo contribuye más a la sociedad que un fabricante de la industria del vestido o que un agricultor? En este sentido, se ha renunciado a pensar en la posibilidad de que exista un sólo criterio distributivo que pueda dejar satisfechos a todos. El propio Aristóteles asume la imposibilidad de una solución universal al problema de la justicia distributiva.

Si bien es cierto lo anterior, este autor considera posible establecer una condición básica, aunque no suficiente, que debe cumplir cualquier criterio de distribución para poder ser considerado como válido, a saber, la igualdad ante la ley, o lo que él llama «justicia universal». Esto significa que para que sea justo un proceso distributivo es indispensable la participación de todos, o al menos de la mayoría de los miembros de una sociedad en la elaboración de los criterios de distribución. Es decir, el bien primario que debe ser distribuido antes que cualquier otro, en términos de igualdad, es el de la libertad.

Ahí donde una clase social (llámese proletariado o burguesía), un grupo o un individuo quedan excluidos de la participación política como medio de legislar directa o indirectamente, no puede existir la justicia distributiva de los bienes, a pesar de las buenas intenciones de quien posea ese derecho.

Podría insistirse nuevamente: ¿en qué sentido es posible la participación política de quien está sumergido en la miseria? A lo que se debe conceder que existen casos en que es imprescindible la introducción de la asistencia social y programas de ayuda económica que tengan como propósito eliminar ese estado de emergencia, pero por ningún motivo debe confundirse esa prerrogativa con un derecho social, pues la asistencia social es consecuencia, no de la caridad, sino de la participación política.

Resulta entonces evidente uno de los grandes retos por venir de las sociedades y comunidades democráticas: desarrollar condiciones socioeconómicas básicas que favorezcan la creación de espacios de participación política verdaderamente libres. En otras palabras, si bien es cierto que la democracia política es relevante para el progreso de una sociedad, resulta ingenuo creer que los derechos políticos y civiles son la panacea para las desigualdades y la marginación social, de la misma forma que resulta ingenuo creer que la distribución de los bienes materiales sin derechos políticos y civiles es la solución a la injusticia social.

Ahí donde las democracias que presuponen derechos políticos y civiles no se hacen acompañar de un sistema económico equitativo, los resultados son formas de gobierno que legitiman las desigualdades sociales. Ahí donde se excluye a parte de los miembros de una sociedad de participar en la elaboración de los criterios distributivos de la riqueza, la injusticia social se perpetúa y la dominación se acentúa.

Por un lado, las críticas economicistas a la democracia liberal mínima y, por otro, las críticas al economicismo radical nos han permitido concluir que estas dos posturas no son excluyentes, sino que van de la mano, y sólo así, de la mano, pasarán a ser los diques sobre los que se construyan sociedades más equitativas y más justas.

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Jesús Omar Pineda Nápoles (ciudad de México, 1985) es licenciado en Ciencia Política por la UAM. Actualmente estudia la maestría en Filosofía Moral y Política del Posgrado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Ama la forma en que el realismo político se mofa del idealismo.

Revista cultural

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