La Suprema Corte de Justicia: entre cuotas y cuates

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Héctor E. Herrera Capetillo

 

 

En México, la división nominal de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial hasta hace muy pocos años no equivalía a su independencia. A través del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el presidente de la república mantenía el control de los diputados, senadores, gobernadores, legisladores locales y presidentes municipales, cargos que se elegían mediante las urnas, pero cuyas candidaturas dependían en la práctica de la presidencia, pues se necesitaba la confirmación de Los Pinos para que alguien se convirtiera en candidato del partido hegemónico y, por lo tanto, en virtual ganador.

De los tres poderes, el único no designado por los electores es el poder judicial, que se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. La Suprema Corte de Justicia es la máxima instancia; está compuesta por once ministros que duran en su cargo quince años, y su designación está en manos de los poderes ejecutivo y legislativo. De acuerdo al artículo 96 de la Constitución, para nombrar a los ministros, el presidente somete una terna a consideración del Senado, el cual debe citar a comparecer a las personas propuestas y, mediante la votación a favor de uno de ellos de dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro de un lapso no mayor de treinta días, elegir a quien considere el mejor candidato. En caso de que el Senado rechace la terna, el presidente puede proponer otra en las mismas condiciones. Si esta segunda también es objetada, el ejecutivo federal elegirá a una persona de la última terna para ocupar el puesto.

Si los cargos que están sujetos a las urnas no generan buena parte de las veces una percepción de ser independientes de la voluntad del ejecutivo, los ministros, que dependen directamente de la aprobación presidencial pública, mucho menos. En el pasado, cuando algún asunto de gran importancia llegaba al pleno de la Corte, lo más natural no era buscar la resolución en la opinión de los magistrados, sino en la del presidente.

Sin embargo, en los últimas dos décadas, con el crecimiento de la pluralidad política y la posterior alternancia del partido en la presidencia, el sistema de elección, que recaía en una persona mediante la estructura de su partido, se debilitó. El cambio amplió el número de actores involucrados en la elección de los consejeros y representantes de organismos públicos autónomos, de forma que ésta dejó de ser monopolio de un solo partido para convertirse en decisión de un grupo de partidos políticos. Se repartió el poder, pero no se democratizó el proceso. Como resultado de esto, pudimos observar el reparto de los cargos mediante cuotas de partido: los puestos de consejeros electorales del Instituto Federal Electoral y posteriormente de su sucesor, el Instituto Nacional Electoral (INE), así como los del Instituto Nacional de Acceso a la Información, quedaron capturados por este sistema.

La elección por cuotas partidistas ha alterado el funcionamiento de las instituciones, pues lejos de poner a la cabeza de las instituciones a los personajes idóneos, ha convertido los procesos de elección para estos puestos en una forma de pacto entre las fuerzas políticas y en un escenario de rivalidad entre los partidos. La actuación del INE en el más reciente proceso electoral federal nos muestra con claridad la forma en que esto distorsiona el trabajo de las instituciones: en 2015 un grupo de consejeros aceptó que el Partido Verde (PVEM) había violado la ley electoral, pero que sus faltas no habían sido tan graves ni sistemáticas. El grupo de consejeros que protegió al aliado del PRI, el Partido Verde, estaba formado por Marco Baños, Adriana Favela, Enrique Andrade y Beatriz Galindo, identificados como parte de la cuota del PRI.[1]

Hasta hace poco, la Suprema Corte permanecía como una de las pocas instituciones que se mantenían lejos de este tipo de repartos de cuotas, pues para la elección de los ministros se había privilegiado la experiencia jurídica y la trayectoria profesional de los candidatos. El prestigio de la Suprema Corte no se cimenta sólo en esa característica, sino también en que sus decisiones han adquirido cada vez más peso, debido a que el número de conflictos que hoy se resuelven en los tribunales es mayor, de forma que muchas de sus resoluciones son decisivas en muchos temas.

Entre sus más recientes resoluciones podemos mencionar algunas. 1) En 2007, después de que la llamada «ley Televisa» fue aprobada por el legislativo y el ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales varios de sus puntos, como el refrendo automático y a perpetuidad de las concesiones de radio y televisión sin el pago de una contraprestación al Estado.[2] 2) En 2008, la SCJN declaró constitucional una norma por la que en 2007 se despenalizó el aborto en la Ciudad de México.[3] 3) En 2010, la Suprema Corte liberó a las mujeres indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, quienes fueron acusadas en 2006 de secuestrar a seis policías federales, después de determinar que hubo inconsistencias en el proceso judicial.[4] 4) En 2012, la SCJN resolvió que los delitos cometidos por militares en contra de civiles deberían ser resueltos en juzgados civiles y no en una corte militar.[5] 5) En 2015, la Corte emitió una tesis jurisprudencial que declara inconstitucionales los códigos civiles de aquellas entidades federativas donde el matrimonio es entendido únicamente como la unión entre un hombre y una mujer.[6] Entre los temas pendientes, a finales de este mes, la Suprema Corte discutirá una propuesta que podría legalizar el consumo y cultivo personal de marihuana para uso recreativo, al declarar inconstitucionales varios artículos de la Ley General de Salud, una decisión que podría suponer una aproximación distinta a la política de combate a las drogas en el país.[7]

La imagen de imparcialidad y de lejanía de las cuotas partidistas y de acuerdos de amigos cercanos al presidente y legisladores que durante años ha mantenido la Suprema Corte de Justicia se vieron empañadas en marzo de 2015, cuando Eduardo Medina Mora fue designado nuevo ministro de la Corte en sustitución de Sergio Valls, quien falleció en diciembre de 2014. Tras ser postulado como parte de una terna, y con un total de 83 votos a favor, provenientes principalmente de las bancadas del PRI, PVEM y una parte del Partido Acción Nacional (PAN), el Senado aprobó su nombramiento[8] con el menor número de votos obtenidos en comparación con los demás ministros en funciones.[9]

Medina Mora fue rechazado por amplios sectores de la población, no sólo por su cercanía al presidente, pues desde 2013 se desempeñaba como embajador de México en Estados Unidos, sino por una larga lista de inconsistencias. Entre los argumentos en contra se citaron las violaciones de derechos humanos durante sus gestiones al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública, como en los casos de Atenco, el desalojo de los maestros en Oaxaca en 2006, el «Michoacanazo» y el arresto de Jacinta, Teresa y Alberta (mismo que, como dijimos líneas arriba, fue resuelto por la SCJN en 2010).[10] Entre otros puntos, Medina Mora no cumplía con el requisito constitucional de haber residido dos años antes en el país.[11] No obstante la inconformidad de académicos, representantes de la sociedad civil y gran parte de la izquierda, así como las 52 mil firmas reunidas a través del sitio Change.org[12] en contra de su designación como ministro, el Senado decidió en 5 horas un cargo que durará 15 años.[13]

Una nueva polémica se ha desatado a causa de la salida de dos ministros a finales de noviembre. Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero terminan su periodo de trabajo, por lo cual el presidente deberá presentar muy pronto dos nuevas ternas para sucederlos. Debido a la controversia que causó la designación de Medina Mora, académicos, activistas y políticos de diversos partidos han empezado a presionar para que los próximos candidatos sean personas de reconocidas carreras judiciales, y que no representen una imposición presidencial de amigos, compadres ni comadres. A este respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado al Senado su preocupación por un posible acuerdo de cuotas partidistas en la integración de la Suprema Corte.[14]

Además de este perfil, entre las demandas de la sociedad civil está la cuota de género, lo que significaría la inclusión de una o dos mujeres para ocupar esos cargos. Con la salida de Olga Sánchez, Margarita Luna será la única mujer en una de las instituciones con menos representación de mujeres en el país. Fue hasta 1961 que la Suprema Corte tuvo por primera vez una ministra, María Cristina Salmorán de Tamayo[15], a partir de entonces, las mujeres han ocupado muy pocas veces el cargo.

Bajo el hashtag #SinCuotasNiCuates, desde las redes sociales los ciudadanos han impulsado una campaña para presionar y así lograr que la elección de los próximos integrantes de la Suprema Corte no busque imponer cuotas partidistas ni personajes que, lejos de velar por el interés común, intenten proteger los intereses de sus protectores y amigos. Así, el pasado 13 de octubre, académicos, políticos y activistas entregaron a la presidencia de la república más de 45 mil firmas en las que se le pedía al presidente no incluir a militantes de partidos políticos en las ternas.[16]

En medio de esta polémica, los ministros de la Suprema Corte también parecen sumarse a esta campaña a favor de una elección transparente y de acuerdo a los principios de imparcialidad y designación por méritos. En un caso inédito, la semana pasada, la Suprema Corte atrajo una demanda presentada por ex funcionarios de la PGR en contra de la forma en que fue propuesto y designado Medina Mora como ministro.[17] El tiempo en que se realiza esta acción parece sugerirnos que el mensaje de los ministros al presidente y los senadores es que no están dispuestos a permitir más cuotas ni cuates en la sala.

Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos de la terna figuran Santiago Creel Miranda, quien públicamente se ha descartado,[18] María del Carmen Alanís Figueroa, actual magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cercana a Enrique Peña Nieto,[19] y quien se perfiló para la pasada terna de marzo, pero que ahora podría surgir como candidata para cubrir la cuota de género; y el nombre que más preocupa, Raúl Cervantes, senador con licencia del PRI, quien dejó el Senado en septiembre de 2014 para ejercer como docente en el ITAM, con lo cual convenientemente cumple con precisión el lapso de un año en el que no debe haber ejercido como secretario de Estado, diputado ni senador que la Constitución fija como requisito para ser designado como candidato a ministro de la Corte.[20]

El papel de la Suprema Corte no ha sido menor en los últimos años. La decisión de 2007 respecto a la «ley Televisa» es un buen ejemplo de lo importante que es su imparcialidad. Mientras el duopolio televisivo logró doblegar al ejecutivo y a los legisladores, la Corte mostró su neutralidad al echar por tierra los artículos que perjudicaban el interés del Estado. Sus más recientes resoluciones en torno a la protección del matrimonio igualitario, a pesar de la oposición de casi la totalidad de gobiernos locales, así como los avances que pudiera lograr en temas tan polémicos como el aborto y la legalización de las drogas, hacen que sea prioritario para la ciudadanía mantener la imparcialidad, autonomía e independencia de la Suprema Corte.

Democratizar el proceso de elección no significa que debamos elegir a las y los ministros por medio de las urnas, por el contrario, hay dejarlo en manos de los otros poderes, alejando a los candidatos del dinero y los favores políticos a los que las elecciones podrían inclinarlos. En cambio, democratizar su elección equivale a que el presidente y los senadores no busquen acuerdos de cuotas partidistas ni de cuates, sino que transparenten el proceso, elijan a los ministros con base en sus credenciales profesionales y abran a discusión pública su designación, de forma que las voces de los actuales ministros, académicos y representantes de la sociedad civil pueden ser escuchadas y respetadas. Con una Suprema Corte de cuotas y cuates, todos perdemos.

 

 

NOTAS

[1] Véase: Víctor Chávez, «Conoce a los once consejeros del INE», en El Financiero, 3 de abril de 2014. Versión electrónica: http://www.elfinanciero.com.mx/politica/conoce-a-los-11-consejeros-del-ine.html y Eduardo R. Huchim, «El INE está capturado por el PRI», en El Diario de Yucatán, 22 de febrero de 2015. Versión electrónica: http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/el-ine-esta-capturado-por-el-pri.

[2] Andrea Becerril y Jesús Aranda, «Golpe a la ley Televisa; declara la Corte inconstitucional el refrendo automático», en La Jornada, 1 de junio de 2007.Versión electrónica: http://www.jornada.unam.mx/2007/06/01/index.php?section=politica&article=003n1pol.

[3] Véase «SCJN: Ley de aborto es constitucional», en CNN Expansión, 28 de agosto de 2008. Versión electrónica: http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2008/08/28/scjn-ley-de-aborto-constitucional.

[4] «Los casos polémicos resueltos por la Suprema Corte de Justicia», en CNN México, 10 de diciembre de 2013. Versión electrónica: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/12/10/los-casos-polemicos-resueltos-por-la-suprema-corte-de-justicia.

[5] Loc. cit.

[6] «Una jurisprudencia de la SCJN respalda a los matrimonios homosexuales», en CNN México, 13 de junio de 2015. Versión electrónica: http://www.cnnmexico.com/nacional/2015/06/13/una-jurisprudencia-de-la-scjn-respalda-a-los-matrimonios-homosexuales.

[7] «Suprema Corte discutirá uso recreativo de marihuana», en El Financiero, 17 de octubre de 2015. Versión electrónica: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suprema-corte-discutira-legalidad-de-uso-recreativo-de-marihuana.html.

[8] Rivelino Rueda, «Eduardo Medina Mora es electo como ministro de la Suprema Corte», en El Financiero, 10 de marzo de 2015. Versión electrónica: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/eduardo-medina-mora-el-electo-como-ministro-de-la-suprema-corte.html.

[9] Tania Rosas, «EMM, el ministro con menos votos a favor», en El Economista, 10 de marzo de 2015. Versión electrónica: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/03/10/emm-ministro-menos-votos-favor.

[10] «Cuatro “piedras en el camino” de Medina Mora hacia la Suprema Corte», en CNN México, 5 de marzo de 2015. Versión electrónica: http://www.cnnmexico.com/nacional/2015/03/05/cuatro-piedras-en-el-camino-de-medina-mora-hacia-la-suprema-corte.

[11] Miguel Carbonell, «Las lecciones del “caso Medina Mora”», en El Universal, 17 de marzo de 2015. Versión electrónica: http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2015/03/75386.php.

[12] «¡No hagan Ministro de la Suprema Corte a Medina Mora», en Change.org, 9 de marzo de 2015. Versión electrónica: https://www.change.org/p/senado-nohaganministroamedina-marce-torres7-ernestocordero-mbarbosamx-emilio-gamboa.

[13] «Medina Mora: 83 votos a favor; 52 000 firmas en contra (cronología)», en Aristegui Noticias, 10 de marzo de 2015. Versión electrónica: http://aristeguinoticias.com/1003/mexico/minuto-por-minuto-medina-mora-si-o-no-a-la-corte/.

[14] Misael Zavala y Juan Arvizu, «CIDH pide evitar cuotas partidistas en la Corte», en El Universal, 2 de octubre de 2015. Versión electrónica: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/10/2/cidh-pide-evitar-cuotas-partidistas-en-corte.

[15] Julio Martínez Rivas, «La historia de las mujeres en la Suprema Corte», en Nexos, 7 de octubre de 2015. Versión electrónica: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4989.

[16] «Entregan a presidencia 45 mil firmas por una Suprema Corte “sin cuotas ni cuates”», en Emeequis, 13 de octubre de 2015. Versión electrónica: http://www.m-x.com.mx/2015-10-13/entregan-a-presidencia-45-mil-firmas-por-una-suprema-corte-sin-cuotas-ni-cuates/.

[17] Juan Pablo Reyes, «Atrae la Corte queja contra Medina Mora», en Excélsior, 15 de octubre de 2015. Versión electrónica: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/10/15/1051220.

[18] Julio Madrazo, «¿Creel se bajó de la Suprema Corte?, ¿quién más sigue?», en El Financiero, 7 de octubre de 2015. Versión electrónica: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/creel-se-bajo-de-la-scjn-quien-mas-sigue.html.

[19] Jorge Carrasco Araizaga, «Una Suprema Corte “balcanizada”», en Proceso, 30 de diciembre de 2014. Versión electrónica: http://www.proceso.com.mx/?p=391822.

[20] Leticia Robles de la Rosa, «Raúl Cervantes deja el Senado para ser académico», en Excélsior, 29 de agosto de 2014. Versión electrónica: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/29/978896.

 

 

 

 

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Héctor E. Herrera Capetillo (Ciudad de México, 1987). Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Conductor del programa de radio en internet sobre temas internacionales El Aleph (www.elalephradio.org), transmitido por ComUnica Radio, así como del programa radiofónico Torre de Babel, que se transmite por Radio Ciudadana, 660 AM. Es integrante del consejo editorial de Cuadrivio.

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