¡Adiós, Distrito Federal!

Por  |  1 Comentario

 

Héctor E. Herrera Capetillo

 

Desde su fundación en 1824, el Distrito Federal, conocido popularmente por su abreviación: DF, ha sido una entidad federativa atípica, un artilugio jurídico que se utilizó para designar al territorio que sería sede de los poderes de la unión. Debido a esa característica en particular, sus habitantes eran considerados ciudadanos de segunda, pues no podían siquiera elegir democráticamente a sus autoridades. El gobierno recaía en un regente que era designado por el presidente de la república.

En 1997 la situación se modificó y, por primera vez, los defeños pudieron acudir a las urnas para elegir al jefe de gobierno y a los representantes de la Asamblea Legislativa; tres años después se llevaron a cabo elecciones para elegir a los jefes delegacionales. Esos cambios jurídicos se transformaron en poco tiempo en cambios políticos de fondo. En las primeras elecciones el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ganó con 48% de los votos la jefatura de gobierno, obtuvo 38 curules de las 66 que componen la Asamblea Legislativa y una tercera parte de la votación total en las delegaciones.

La hegemonía que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo durante décadas vía el gobierno federal, desapareció. En los 18 años posteriores a la apertura electoral del DF, el PRD mantuvo el control de la entidad. Las tres elecciones para jefe de gobierno las ganó ampliamente el partido de izquierda. Tan sólo en la jornada electoral de 2012, lo hizo con un margen de diferencia del 40% respecto al segundo lugar. Salvo la elección del 2000, ha mantenido un tercio de las curules de la Asamblea Legislativa.

En pocos años, el PRI dejó prácticamente de existir en el Distrito Federal, pues a diferencia de las otras 31 entidades en donde es el partido en el gobierno o la primera fuerza de oposición, en el DF fue hasta el 2012 la tercera fuerza política y después de las elecciones de 2015, cuando paradójicamente aumentó su representación, cayó a cuarta fuerza por el surgimiento del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Las razones por las cuales el PRI no ha contado con gran aceptación en la capital son muchas: es la única entidad en la que el partido no ha podido construir una estructura de raigambre, una vida partidista, pues nunca hizo falta, el presidente designaba a las autoridades por «dedazo»; sumado a eso, existe un fuerte voto antipriista en la ciudad, consecuencia de muchos factores, pues han sido los habitantes del DF quienes vivieron el autoritarismo más descarado del priismo como la matanza de Tlatelolco en 1968, o las muestras de incapacidad del gobierno federal tal como el terremoto de 1985 puso en evidencia. De esa forma, la entidad se debatía entre la izquierda del PRD y la derecha del PAN, única oposición real al gobierno local.

Sin embargo, en el último par de años con la fractura del PRD, el surgimiento de Morena (cuya base territorial es el DF) y el regreso del PRI al gobierno federal, la ecuación política de la entidad ha cambiado. En las pasadas elecciones el mapa electoral mostró una fragmentación del voto que dio como resultado un bipartidismo de izquierda (PRD vs. Morena) con dos partidos medianos de oposición (PAN y PRI). Así, de las 14 delegaciones que controlaba el PRD, sólo pudo mantener seis, Morena obtuvo cinco, el PRI tres y el PAN dos. Morena ganó también la mayoría legislativa con 20 asambleístas, el PRD retrocedió a 17 (su peor resultado en la historia), el PAN obtuvo 10 y el PRI ocho; otros partidos sumaron 11.

En ese contexto, el Senado aprobó el 15 de diciembre de 2015 la reforma política del DF, un proyecto que ya había sido aprobado a finales de abril de este año, pero que fue puesto en la congeladora por la Cámara de Diputados, pues se acercaban las elecciones de junio. En ese momento, diputados de diversos partidos señalaron que la reforma era un «bodrio», un «Frankenstein», y aun cuando fueron muy críticos con la misma, votaron a favor, pues argumentaron que el acuerdo era un compromiso político que sus coordinadores ya habían negociado. Ésa fue la misma reforma que hace unos días volvieron a validar.

Pero, ¿era necesaria una reforma política de ese tipo? Los cambios que los mismos legisladores, autoridades del DF y la prensa señalan como logros, parecen en realidad aspectos nominales: la entidad cambiará su nombre de Distrito Federal a Ciudad de México, algo que en la práctica la actual administración tiene tres años realizando como campaña de marketing; la Asamblea Legislativa se transformará en congreso local, las delegaciones políticas serán alcaldías, el Estatuto de Gobierno desaparecerá y, en su lugar, tendremos una Constitución. Que se haya puesto tanto énfasis en estos cambios de nombres, en realidad refleja lo limitado de la reforma. Los cambios políticos son menores: el jefe de gobierno podrá designar al procurador y al jefe de la policía capitalina, atribuciones que antes le correspondían al presidente, pero que desde hace años habían sido negociadas entre el gobierno federal y el local. En contraste, la Ciudad de México no alcanzará la autonomía deseada o al menos equiparable a la de otros estados; así, el gobierno federal decidirá el techo de endeudamiento de la entidad y mantendrá competencias en materia de educación y servicios de salud.[1]

Por su parte, dos aspectos que podrían ser positivos en realidad despiertan más temores que esperanzas. La transformación de las delegaciones en alcaldías implicará la formación de concejos locales, con diez concejales a elegir por delegación. Si bien, en teoría, eso supondría un cuerpo de supervisión y contrapesos a los jefes delegacionales, que podría ser una herramienta para combatir la corrupción local, en la práctica podría convertirse en una onerosa carga presupuestaria de 160 funcionarios más en la capital que podrían ser cooptados o controlados por cada jefatura delegacional, tal como ha ocurrido con los regidores en muchos municipios del país.

El tema de la Constitución representa otra preocupación. La Asamblea Constituyente recaerá en 100 personas, de las cuales 60 serán elegidas por los ciudadanos, 14 serán diputados federales, 14 senadores, seis designadas por el jefe de gobierno y seis por el presidente de la república. La fórmula ha recibido muchas críticas, entre ellas, se señala que las candidaturas independientes tendrán muy pocas posibilidades, pues el número de firmas requeridas y los pocos recursos económicos con los que contarán jugarán en su contra; sumado a eso, tendremos una votación indirecta, pues se votará por listas y no por candidatos, un sistema que privilegia a los partidos y no a los ciudadanos, con lo cual el sistema dará como resultado una sobrerepresentación de unos partidos sobre otros. Así, el PRI-PVEM podría alcanzar 31 de los 100 asientos, el PRD 24, Morena y el PAN 16 cada uno,[2] un esquema que no refleja la división de fuerzas de la capital; peor aún, con ese método tendremos constituyentes que no serán oriundos de la capital ni estarán familiarizados con sus problemas.

Anunciadas como grandes cambios por el gobierno federal y del DF, minimizadas como reformas estéticas y nominales por la oposición, estas modificaciones tienen como trasfondo las elecciones de 2018, que aunque todavía lejanas, arrancaron desde el primer minuto posterior a las elecciones de 2015. La reforma podría darle mayores espacios al PRI en la capital, en contraposición al PRD, que en estos momentos parece estar dispuesto a otorgar estas concesiones al gobierno federal para obstruir el ascenso de Morena en el DF, su principal bastión político.

Las condiciones fijadas en la reforma, el ambiente político nacional y en el DF, la baja participación que, por ejemplo, tuvimos en la consulta sobre el Corredor Cultural Chapultepec, en la que acudió a las urnas menos del 5% de quienes pudieron votar, son motivos suficientes para mostrar preocupación por la formación de la Asamblea Constituyente y la Constitución que de ella surja. Sin embargo, hay algo que hace diferente a la capital de otros estados, y que precisamente podría ser el factor que convirtiera esta situación desfavorable en una oportunidad para asegurar nuestros derechos y exigirles más a las autoridades, me refiero a la participación ciudadana más allá de las urnas.

La consulta es un buen ejemplo de lo anterior. Si bien la participación electoral fue baja, el activismo ciudadano antes y después de la consulta fue factor clave para voltear dos a uno[3] un resultado que el gobierno del DF ya daba por seguro. La capital ha logrado conquistar derechos que aún son temas tabúes en la mayoría de las entidades: el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el derecho a decidir la interrupción del embarazo o la simplificación de los trámites para el cambio de género.

Si el activismo ciudadano que caracteriza a los habitantes del DF se vuelve un protagonista de los cambios que la entidad vivirá con la reforma, poco importará que ya no podamos cantar la clásica canción «Sábado, Distrito Federal» de Chava Flores o que tengamos otra crisis de identidad por dejar de llamarnos defeños, pues en el fondo, seguiremos pidiendo nuestras quesadillas con queso extra, pero más importante aún, mantendremos el derecho de hacer de ésta nuestra ciudad con las conquistas sociales que hemos logrado entre todos y todas.

 

 

NOTAS

[1] Elena Reina Muñoz, «Se va el Distrito Federal, llega la Ciudad de México», El País, 18 de diciembre de 2015.

[2] Ricardo Raphael, «¿Por qué Morena está en contra?», El Universal, 17 de diciembre de 2015.

[3] «Dicen “No” al Corredor Chapultepec», Aristegui Noticias, 06 de diciembre de 2015, http://aristeguinoticias.com/0612/mexico/gana-el-no-en-consulta-sobre-corredor-chapultepec/

 

 

___________________

Héctor E. Herrera Capetillo (Ciudad de México, 1987). Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estudiante de la Maestría en Ciencia Política de El Colegio de México. Conductor del programa radiofónico Torre de Babel (www.elalephradio.org) que se transmite por Radio Ciudadana, 660 AM.

 

Revista cultural

1 comentario

  1. Ana Lilia Arias

    26 Diciembre, 2015 at 12:52

    Bien por la información, pero le hace falta explicar por qué “ciudadanos de segunda”. Lo que se origina con la desaparación de los municipios en la antigua Ciudad de México, en 1928.

Responder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *