Participación ciudadana como vigilancia de la autoridad

Por  |  0 Comentarios

Entrevista con Víctor Manuel Durand Ponte

 

 

Julián Rodríguez Linares

 

 

La participación ciudadana en el Distrito Federal no se reproduce en organizaciones de la sociedad civil, como manda el modelo de la democracia clásica, sino a través de bloqueo de calles, toma de casetas, plantones y, en muchos casos, se llega a los extremos con la violencia, explica el sociólogo Víctor Manuel Durand Ponte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Durand Ponte es un académico experto en la participación ciudadana en el DF, prueba de ello son sus investigaciones «Gobiernos de izquierda y democracia: ciudadanos o clientes» o «Desigualdad social y ciudadanía precaria ¿Estado de excepción permanente?», así como su trabajo de campo en la delegación Xochimilco en la década pasada.

Según los estudios sobre la organización civil en la Ciudad de México, comenta Durand Ponte, desde el primer gobierno electo por la ciudadanía en 1997 al día de hoy, la autoridad no genera los canales propicios para escuchar los problemas de la sociedad a través de organizaciones en una manera pacífica y legal.

En cambio, estos gobiernos de izquierda (PRD-PT-Movimiento Ciudadano) «apoyaron la expansión de las organizaciones y movimientos populares, dieron prioridad al derecho de manifestarse y se limitó el libre tránsito y el respeto a la propiedad. El pueblo tenía prioridad sobre los derechos ciudadanos, donde la autoridad también tolera su expansión porque, en periodo de elecciones, frentes populares como Pancho Villa o Benita Galeana representan apoyo y votos», señala el académico Durand Ponte.

En este contexto, el académico expone el problema de la participación ciudadana en la ciudad y cómo la próxima reforma política del D.F., la cual ya fue aprobada por el Senado de la República, puede representar una ventana de oportunidad para crear puentes de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno, siempre y cuando se respete el Estado de derecho, porque «en democracia hay una participación ciudadana que lleva a enriquecer las instituciones a través de la vigilancia».

En su texto «Gobiernos de izquierda y democracia: ciudadanos y clientes» menciona que el Estado de derecho es la condición para que exista igualdad de los ciudadanos ante la ley, ¿qué necesita promover la próxima reforma política del D.F. para combatir problemas como acuerdos entre organizaciones populares extra-legales y clientelismo, donde el voto se usa como moneda de cambio?

El problema está quizás antes de la reforma, porque si uno ve la constitución política del país prácticamente todas las leyes necesarias para el funcionamiento de un régimen democrático y de la participación ciudadana están presentes, el problema es que no se cumplen. Entonces, el supuesto de que una reforma política, una constitución para el Distrito Federal, por muy bien hecha que esté, va a mejorar los problemas de la democracia y de la participación es, al menos, ingenuo.

Las leyes no hacen la realidad y en el caso mexicano la ocultan, porque dicen o narran un mundo que no existe. Así que, ése es el principal problema: la idea, digamos, de que vivimos en un Estado de derecho es correcta en lo formal, pero es falsa en lo real. Si no es el Estado de derecho lo que nos permite estudiar la realidad mexicana, ¿qué es lo que tenemos que hacer para comprenderla? Nosotros no podemos decir que en esta ciudad no hay participación, hay y mucha, sólo basta abrir el periódico durante una semana y uno va a tener 50 ó 60 marchas, montones de calles están cerradas, hay manifestaciones en prácticamente todas las delegaciones, etcétera.

No existe una carencia de participación, pero ésta no ocurre como manda el modelo de la democracia clásica: a través de organizaciones de la sociedad civil, donde hay una asociación en cada una de las escuelas y los padres tienen un control sobre los presupuestos, el nombramiento de los directores, así como no hay organizaciones en las colonias, sindicatos auténticos, agrupaciones profesionales y sociedad civil.

Asimismo, empieza a aparecer una organización civil estrechamente ligada a los intereses patronales o empresariales como Mexicanos Primero que tienen un papel muy importante pero no son organizaciones populares, sino entidades de clase empresarial que están interesadas en el funcionamiento del Estado de derecho.

Entonces, la relación entre reforma política y participación tiene que ser repensada en el aspecto de la ley y la realidad, de la participación y lo formal, porque estamos viendo dos realidades que no se cruzan. Es decir, en la democracia hay una participación ciudadana que lleva a enriquecer las instituciones a través de la vigilancia, pero eso no existe.

Por otro lado, sí existe otra forma de hacer política muy ligada, en muchos casos, a la violencia, como cerrar calles, tomar edificios, carreteras, delegaciones, puesto que los cauces normales de la participación no funcionan. Es igual que si uno va a un juicio o a presentar una demanda, si no hay presión, el ministerio público no va a funcionar o lo va hacer a favor del poderoso. Entonces, sí hay participación ciudadana, pero no ocurre en el sentido formal que la democracia la define.

¿Cómo describiría el bloqueo de calles que realizan grupos como el Frente Popular Francisco Villa, Nueva Tenochtitlán o Benita Galeana?

Ciudadanía implica derechos y este tipo de participación muestra que los derechos no les sirven. Si todo el grupo de cualquier organización va a la delegación y presenta una petición, ya sea para que les den el servicio de agua potable o luz en un asentamiento irregular no lo van hacer, pero si cierran la carretera o tapan la delegación la autoridad sí responde.

El problema es justamente ése. Hay dos dimensiones que son muy importantes: el Estado de derecho tiene que funcionar y las organizaciones de la sociedad civil se forman en términos de intereses de grupo (escuela, barrio, colonia, etcétera), pero no de una asociación que está fuera de la ley como son los asentamientos irregulares, los taxis piratas o todo el comercio ambulante.

El inconveniente es que nosotros tenemos una organización social en donde su reproducción implica la ilegalidad. Un grupo que llega a Xochimilco, o a cualquier delegación, y se quiere instalar tiene la opción de pagar las cosas de mercado o invadir. Nadie va a poder pagar las cosas de mercado en esas condiciones. Al mismo tiempo, ese tipo de gente, con ingresos inferiores al salario mínimo para comprar alimentos, no puede ir a un súper sino a un mercado informal; para vestirse no va ir a Suburbia, que es de las tiendas formales baratas, tienen que ir a la ropa de paca.

Entonces, la vida del mundo popular en la Ciudad de México pasa por lo ilegal. La relación con la ilegalidad se convierte en una relación política, la cual explica la participación del tipo ilegal violento y la forma clientelar o dádivas de los gobiernos para satisfacer las demandas. No estamos hablando de un problema aislado y si cambio una ley no voy a cambiar nada, necesito garantizar que la gente del mundo popular, que son muchas y muy diversas, tengan la posibilidad de reproducir su vida dentro de condiciones de legalidad y de bienestar mínimo. Ese es el problema central.

¿Puede mencionar algunos ejemplos de otros países donde se hayan creado modelos que fomenten una ciudadanía participativa?

El desarrollo de la ciudadanía implica el desarrollo del Estado como institución administrativa moderna e involucra la vigencia del Estado de derecho. Se pueden citar muchos modelos de participación, los de mayor suceso son los nórdicos: Noruega y Finlandia, pero ser como ellos resulta imposible. Hay otros ejemplos donde hubo cierta participación, como en España, pero la crisis económica y política rompió con ella, dando origen a nuevos movimientos como Podemos, o sea, no tenemos líneas que van directamente al progreso, hay procesos muy contradictorios.

En América Latina, hay países con alta participación: Chile, Uruguay y Costa Rica que son las democracias clásicas en la región. Existen otros países que después de las dictaduras, ya desde los 80 y hasta la actualidad, fomentan la colaboración ciudadana de una manera muy intensa, sobre todo Brasil. Incluso en México se trata de poner en práctica modelos de ese estilo, pero con muy malos resultados, porque cada vez que se hace un presupuesto participativo la delegación o el gobierno central los burla, no toma en cuenta la soluciones,  lo cual genera el desinterés de la gente.

Por lo tanto, modelos hay muchos, pero en el D.F. el proceso será muy específico, como el avance de los derechos al aborto, la muerte asistida, la vejez y los grupos vulnerables, rubros donde sí surgieron derechos, pero que se suscitaron de arriba hacia abajo y no han generado la participación en las clases populares.

Por ejemplo, la relación con el programa de atención a los adultos mayores es clientelar. Cada año, tiempo en el que se renuevan las credenciales, uno tiene que ir a la explanada de la delegación a sentarse a tomar sol y oír un discurso, pero, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no reúnen a las personas y les preguntan cuáles son sus problemas o si tienen otras necesidades más fuertes que pudieran suplir con la beca? Entonces, el derecho a un programa tan importante, en la práctica, se convierte en una relación clientelar y no de participación ciudadana.

En el D.F., los servicios públicos de agua potable, transporte, drenaje, instituciones educativas, salud y seguridad pública son controlados por el jefe de gobierno. Con la próxima reforma política, una vez que el D.F. se convierta en estado y las delegaciones en municipios, ¿considera usted que esto ayudará a generar una administración pública transparente y eficiente? ¿Qué medidas propondría al respecto?

Sin duda, es una oportunidad y, al mismo tiempo, un avance. Los cabildos en el gobierno delegacional significan representación que puede ser plural. En las próximas elecciones federales parece que la pluralidad va a empezar aparecer más en el D.F. por la crisis de PRD, la aparición de MORENA, el fortalecimiento del PAN y, digamos ahí, las tracaleras del PRI.

Si el cabildo refleja eso, su dinámica puede asemejarse a las prácticas democráticas. En cambio, si la administración local es dominada solamente por un partido, el que sea, como hasta ahora en todas las delegaciones: las del PAN por el PAN, las del PRD por el PRD –Cuajimalpa es un caso aparte–, entonces el cabildo no representará ninguna pluralidad y ese partido tendrá las mismas relaciones clientelares con sus bases. Entonces, sí es una ventana de oportunidad, pero depende de la pluralidad y la honestidad en que los partidos representen los intereses de la población.

En los comicios electorales de 2006, el PAN sólo ganó dos delegaciones (Miguel Hidalgo y Benito Juárez) y la coalición del PRD-PT-Convergencia obtuvo el triunfo en el resto. En las elecciones de 2012, la coalición de izquierda repitió la misma cantidad de jefes delegaciones de 2006, mientras la coalición de PRI-PVEM ganó Cuajimalpa de Morelos y el PAN tuvo mayoría en Benito Juárez. Por su parte, en la actual Asamblea Legislativa, de los 66 legisladores que la integran, el PRD tiene 34 diputados, el PAN 13, PRI 9, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo cuentan con 3 cada uno, PVEM 2, PANAL 1 y hay un legislador independiente. Al respecto, ¿qué se necesita para tener una mayor pluralidad política en el D.F.?

La pluralidad social está dada. Uno no puede decir que la delegación Benito Juárez se parece a Cuajimalpa, la cual es básicamente rural, aunque tiene a Santa Fe, tampoco se parece nada a Xochimilco y menos a Milpa Alta. El problema es que los partidos no representan esa pluralidad, representan intereses burocráticos de ellos mismos.

Sin embargo, la competencia en los partidos permite que esas burocracias se empiecen a relacionar de una forma democrática y representativa a la pluralidad social, a excepción del PAN que no puede hacer clientelismo con clases medias altas, pues éste se hace con clases bajas.

Por otro lado, si MORENA, el PRI, el PRD y los partidos satélites siguen haciendo clientelismo, no ocurrirá ningún cambio. La única posibilidad es la competencia, pero si compiten por el clientelismo,  éste se agotará. La ciudadanía comenzará a recibir dádivas, pero no tendrá ninguna influencia; es un poco como dicen: recibe todo y vota como quieras.

________________________

Julián Rodríguez Linares es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UNAM. Contacto por correo: julianlinares29@gmail.com y en Twitter: @caseum_18

Revista cultural

Responder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *